Senadora en EE.UU. pide revisar constitucionalidad de espionaje

El anuncio ocurre un día después que un juez federal considerara contrarias a la Cuarta Enmienda de la carta magna la recogida de datos de conversaciones telefónicas y comunicaciones por Internet desarrolladas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Feinstein subraya en una declaración que el fallo del juez Richard Leon sobre la posible inconstitucionalidad de esa recolección de datos solo puede ser avalado por la Corte Suprema.

Para la senadora, la intervención de la máxima instancia judicial resulta necesaria, pues una decisión sobre la ilegalidad de la intercepción de llamadas telefónicas data de 1979.

Feinstein es una abierta defensora de que permanezcan los programas de vigilancia de la NSA pues, a su juicio, son necesarios para salvaguardar la seguridad nacional del país, comenta el sitio digital Político.com.

No obstante, también aboga por mayor transparencia y protecciones a la privacidad de los ciudadanos, agrega.

Para la legisladora, la NSA debe efectuar reportes públicos y someterse a revisiones judiciales como las incluidas en una iniciativa de mejoramiento de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Foránea.

El director de la NSA, almirante Keith Alexander, defendió el pasado domingo las acciones de fisgoneo de su agencia durante el programa 60 Minutes de la cadena televisiva CBS News.

Documentos divulgados desde junio por el excontratista de la NSA Edward Snowden confirmaron que Washington husmea las llamadas telefónicas y comunicaciones por Internet de los estadounidenses y ciudadanos de otros países, incluidos líderes mundiales, mediante datos de las empresas de alta tecnología.

El escándalo puso en entredicho a la administración del presidente Barack Obama que intenta justificar sus acciones contra gobernantes de naciones consideradas aliadas.

Washington planea continuar sus prácticas de espionaje interno y a nivel mundial pero con nuevas reglas, según se desprende de un documento entregado el viernes al Gobierno por parte del grupo de estudio que investigó las denuncias relacionadas con dichas prácticas ilegales.

Personalidades de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, presidentes y representantes de organismos internacionales rechazaron por distintas vías tales prácticas.

Quienes las respaldan justifican las vigilancias masivas basados en la necesidad de preservar la seguridad nacional ante amenazas terroristas.

Los detractores cuestionan la legalidad de esas acciones pues, en su opinión, las dimensiones de los programas de intervención electrónica vulneran el derecho a la privacidad.