En momentos de severos ajustes impuestos en varios miembros de la Eurozona, los elevados niveles de deuda pública persisten como una de las grandes dificultades económicas en el grupo.

La oficina comunitaria de estadísticas, Eurostat, reportó recientemente que el apartado se ubicó en el primer trimestre del año en 92,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 1,6 por ciento más que en el trimestre precedente.

En comparación con el mismo período de 2012, la proporción de deuda con respecto al PIB creció cuatro puntos desde los 88,2.

Las tasas más altas se registraron en Grecia, Italia, Portugal e Irlanda, mientras las más bajas fueron en Estonia, Bulgaria y Luxemburgo.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el medidor también se comportó al alza, pues se ubicó en 85,9 por ciento.

La UE recomienda a sus miembros mantener las deudas por debajo del 60 por ciento del PIB, un objetivo incumplido por 14 países.

Analistas concuerdan en la ineficacia de las políticas de austeridad impuestas en países como España, Grecia y Portugal, los cuales se enfrentan a los mismos recortes en las pensiones, la sanidad, la educación y los programas de protección social.

Las reformas laborales, las privatizaciones y el adelgazamiento de las administraciones públicas completan el procedimiento.

Todas las transformaciones laborales aplicadas desde el inicio de la crisis en los países con exceso de déficit se han centrado en reducir los costes para las empresas disminuyendo los salarios de los trabajadores y sus derechos - incluida la prestación por desocupación- y desplazando el papel de los sindicatos en aras de "aumentar la competitividad".

Por otra parte, el ajuste fiscal va acompañado de un aumento de impuestos para compensar la menor recaudación a causa del paro.

Expertos remarcan que el enfoque de la política económica es completamente despiadado puesto que el camino elegido ataca sistemáticamente los salarios y al bienestar de las personas.

CHIPRE, UN CASO MÁS RECIENTE

La crisis ha hecho difícil o imposible a algunos países en la zona euro refinanciar su deuda pública sin la asistencia de terceros.

Las condiciones impuestas a Chipre para acceder al llamado rescate financiero estuvieron recientemente bajo la revisión de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).

Los prestamistas internacionales apreciaron avances en el cumplimiento de las condiciones de un rescate de 10 mil millones de euros, aunque abogaron por un mayor control.

Fue la primera evaluación desde que Chipre concretó en marzo pasado el acuerdo con la troika, el cual implicó que millones de personas perdieran sus ahorros en los dos principales bancos del país.

El informe de los prestamistas internacionales es clave para que los ministros de Finanzas de la Eurozona desbloqueen un tramo de ayuda de mil 500 millones de euros al país a mediados de septiembre.

Nicosia recibió en junio un primer tramo de "ayuda" por tres mil millones de euros, aunque falta analizar los requisitos para la entrega de la siguiente parte.

El presidente chipriota, Nicos Anastasiades, dijo que algunas disposiciones del acuerdo necesitan ajustes en aras de enfrentar las dificultades el sector bancario.

El pasado 25 de marzo, el Eurogrupo acordó conceder a esa isla del Mediterráneo un rescate de 10 mil millones, al tiempo que Chipre se comprometió a reducir su déficit presupuestario al 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, de un estimado de 5,9 por ciento durante este año.

A cambio, le fue exigida una profunda reestructuración, con la que los titulares de depósitos superiores a 100 mil euros en los dos mayores bancos de Chipre sufrieron quitas con el fin de financiar la recapitalización del sector.

Sin embargo, algunos expertos perciben un empeoramiento de la situación chipriota y la posibilidad de mayor necesidad de recursos monetarios, sobre todo si su economía se contrae más de lo esperado.

Las estimaciones apuntan a una contracción del PIB de 8,7 por ciento para este año y de 3,9 para el próximo, sin reconocer una leve recuperación hasta 2015.

El desempleo aumentará hasta colocarse en 16,9 por ciento y el endeudamiento podría llegar al 126 por ciento del PIB.

EFECTOS LAMENTABLES

Como estas crisis pueden durar varios años, explican académicos, el gasto público tiene que hacer frente a una larga recesión en la cual el número de empresas que cierra o quiebra es muy elevado, la tasa de desempleo se mantiene muy alta, con un alto coste en prestaciones por desempleo y otras subvenciones a familias o individuos con problemas de subsistencia.

Al mismo tiempo, los ingresos públicos, durante ese largo período caen de forma prolongada provocando un déficit fiscal muy elevado.

Por otro lado, los bancos sufren una creciente morosidad y falencia en sus créditos, llegando, en algunos casos, a estar al borde de la suspensión de pagos, produciéndose así una fuerte contracción del crédito.

Los gobiernos generalmente rescatan del impago a alguna entidad bancaria, que por su tamaño y complejidad puede ser sistémica, o a descargar a otras de una parte de sus activos para que puedan seguir prestando.

Estas gestiones por parte del sector público provocan un elevado aumento de la deuda en porcentaje del PIB del estado miembro en cuestión que posteriormente hay que pagar o refinanciar, lo cual supone una reducción de la tasa de crecimiento.

Según datos divulgados, la actividad económica de la Eurozona se contrajo 0,2 por ciento durante los tres primeros meses del año, con lo cual acumuló seis trimestres consecutivos de recesión.

De esa forma, ocho de los 17 miembros del grupo se encuentran en recesión: España, Francia, Italia, Chipre, Holanda, Portugal, Eslovenia y Finlandia.

La Comisión Europea rebajó recientemente sus previsiones de crecimiento para la zona en 2013 a 0,3 por ciento y en 2014 a 1,2.