El desahucio una familia de origen cubano, con tres hijos, dos de ellos menores de edad, fue desalojada por la policía de la vivienda que ocupaba en Alicante destapó este martes la vulnerabilidad en la que se encuentran estos refugiados que llegaron a España en 2011.

Un centenar de miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios se concentraron en la finca, ubicada en la calle Colombia, en la confluencia de la Gran Vía con la avenida de Novelda. Tras momentos de tensión entre la policía y los manifestantes, se detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, también cubanos. La detenida se enfrenta a una orden de desahucio para el próximo día 26. Los dos fueron esposados y trasladados a la comisaría por los supuestos delitos de “atentado a agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia”. Los altercados se saldaron con varias personas heridas leves, entre ellas la hija de 15 años del matrimonio desahuciado, y dos agentes de la Policía Nacional. Por la tarde, los dos detenidos quedaron en libertad con cargos.

La familia desalojada vino a España en 2011 merced a un convenio entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno cubano para acoger a 115 expresos políticos y sus respectivas familias. Según explicó la madre, Ismora Sánchez, llegaron “de la mano” de la Iglesia Católica. Pero, sin prestación alguna, dejaron de pagar los 400 euros mensuales del alquiler en julio pasado, y la luz y agua desde septiembre. “Nos han engañado, nadie piensa en mis hijas pequeñas”, dijo visiblemente nerviosa la madre. Junto a ella había cinco grandes bolsas de viaje, con toda su ropa y pertenencias, sobre la acera. La hija menor del matrimonio sufrió ataques de ansiedad tras el desalojo. El pasado día 4 de mayo ya tuvo que ser atendida en urgencias del Hospital de San Juan por “cierta ansiedad de separación e impaciencia”, tras conocer que iban a ser desahuciados.

La Administración argumenta que las ayudas no pueden ser permanentes. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores explicaron que el programa “integral de atención” a estos exiliados que aprobó el anterior gobierno socialista contemplaba “ayudas de carácter temporal”, con una validez de un año, y en “circunstancias extraordinarias se podían prorogar”. El ministerio, que desconoce los detalles de esta familia en Alicante, aseguró que están realizando un “esfuerzo adicional para buscar soluciones caso por caso” a estas familias. Cruz Roja en Alicante confirmó que pagó 11 mensualidades de alquiler y les prestó “cobertura sanitaria, compró medicamentos y alimentos” desde marzo de 2011. Pero argumentaron que las ayudas “son temporales, y no pueden prolongarse indefinidamente”.

A primera hora de la mañana un amplio dispositivo de la Policía Nacional se personó en la vivienda para garantizar el acceso de la brigada judicial. La tensión aumentó por momentos. Los dueños de la vivienda, que llevan diez meses sin cobrar, estuvieron presentes, y fueron increpados por algunas personas, mientras la policía les protegía.

Los manifestantes se concentraron en el zaguán de acceso a la vivienda para impedir el paso a la policía. Los agentes comunicaron que el juez mantenía la orden de desahucio, por lo que en cuestión de minutos se disponían a entrar por la fuerza. Los manifestantes celebraron una improvisada asamblea para decidir si se trasladaban al Ayuntamiento para buscar una alternativa, o prestaban resistencia en la casa. Al final, y por amplia mayoría, votaron a mano alzada y se quedaban todos para impedir el paso policial. Muchos se sentaron en el suelo, y los agentes fueron uno por uno sacándolos a la fuerza. Hubo forcejeos, gritos y momentos de tensión.

José María Copete, portavoz de la Plataforma Stop Desahucios, lamentó el desenlace final de esta acción. “Hemos intentado pararlo pacíficamente, pero no ha sido posible”. Copete cifró en 40 las familias pendientes de un desahucio por impago del alquiler que “fácilmente se podrían reubicar porque en Alicante hay 20.000 pisos vacíos, el problema es que la Administración no está buscando soluciones”.