El Salvador sortea crisis política, a duras penas

 El Salvador es un polvorín a punto de estallar: mientras numerosas voces en la sociedad civil y la comunidad internacional condenan el intento del presidente Nayib Bukele de disolver la Asamblea Legislativa, apoyándose en la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, hay quien se empeña en encender una mecha que no es precisamente larga.

Esta nación centroamericana vivió el pasado fin de semana uno de sus momentos más tensos desde el conflicto armado (1980-1992), cuando Bukele sugirió una insurrección popular si los diputados no acudían a su convocatoria a sesionar el domingo, un llamado considerado inconstitucional, y a todas luces lanzado a conciencia de que sería desobedecido.

El pretexto es la aprobación de un permiso para negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la fase III del plan Control Territorial.

Si la Asamblea da luz verde a la nueva deuda, el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgaría los fondos para, entre otros propósitos, comprar un buque e instalar una red de videovigilancia.

El jefe de Estado dice que los diputados no lo aprueban por un presunto contubernio con las pandillas. Los parlamentarios insisten en su voluntad política, pero no les queda claro el uso de tales fondos, o que el susodicho sistema de videovigilancia sea licitado por la compañía mexicana que pagó un jet privado al viceministro salvadoreño de Seguridad, Osiris Luna.

Como sea, el mandatario aprovechó una rueda de prensa junto al embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, para invocar el artículo 167 de la Carta Magna y convocar a los diputados a través del Consejo de Ministros.

La Asamblea consideró que 'no procedía' tal violación de la independencia de poderes del Estado, y Bukele replicó que al pueblo le quedaría el recurso del artículo 87, que reconoce el derecho a la insurrección.

Varias fuentes políticas y parlamentarias consultadas por Orbe estiman que el propósito real del presidente nunca fue la aprobación de los fondos para seguridad, si no tener un pretexto para disolver la Asamblea.La inmediata anuencia del Ejército y la Policía pareció confirmar las denuncias de auto-golpe lanzadas desde sectores políticamente antagónicos.

El domingo, Bukele acudió a la Asamblea, que llevaba horas patrullada por militares. Ante el portón sur lo esperaban unas cinco mil personas, entre ellos empleados públicos obligados a ir. Dentro, la Policía forzó la apertura del Salón Azul, y tropas de elite ocuparon sus pasillos: el vicepresidente Félix Ulloa afirmaría luego que pertenecían a la escolta presidencial, pero las insignias en los uniformes lo desmentían.

La imagen le dio la vuelta al mundo y, aunque el Ejecutivo lo negó, la Asamblea fue ocupada militarmente.

El presidente entró y, tras afirmar que 'quedaba claro quien tenía el control de la situación', oró en silencio y salió sin decir palabra. Volvió a la multitud y dijo que Dios le había hablado, y que daba una semana para aprobar el crédito. En una entrevista posterior, confirmó que pudo haber disuelto la Asamblea, pero no lo hizo.

Por lo pronto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió medidas cautelares para que Bukele no repita sus acciones de la pasada semana. Sin embargo, desde el entorno del mandatario persisten los llamados a la insurrección, para volver más volátil aún este coctel de populismo, manipulación de masas e intereses electorales. (Tomado de Orbe)