Condenan en EE.UU. vigencia de la Ley Patriota

Activistas estadounidenses instan a la administración de Barack Obama a que deje de apoyar la ley de Autorización de Defensa Nacional que permite la detención indefinida de cualquier sospechoso de terrorismo.

Estos llamamientos se producen después de que la jueza federal Katherine Forrest, del Distrito en Manhattan, bloqueara de forma permanente una parte de la normativa que permite la detención indefinida de los sospechosos de terrorismo.

La ley antiterrorista fue calificada como inconstitucional, ya que, con ella en la mano, cualquier persona podría ser detenida de forma indefinida por realizar actividades que garantiza la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión.

La demanda ha sido impulsada por varios activistas y periodistas que sostinen que la ley podría ser utilizada para limitar el trabajo de los reporteros o los derechos a la libertad de expresión.

El analista político Emilio Viano considera que, según esta medida, cualquier ciudadano estadounidense podría ser considerado un terrorista, y considera que se trata de una ley del gobierno y, prácticamente de los militares, "para capturar y llevar a la cárcel sin ningún amparo a ciudadanos norteamericanos", violando así los derechos humanos y los derechos constitucionales.

"Era una situación muy ambigua que claramente limitaba la libertad de expresión, la libertad de compromiso político y de actividad política de los ciudadanos norteamericanos", dice Viano, que denuncia el hecho de que para entrar en ciertos edificios, en un avión, en un tren o en un tribunal, tienen que explicar por qué están ahí y, muchas veces, son sometidos a una inspección e incluso a rayos X.

El analista recuerda que la Ley Patriota fue aprobada por el congreso menos de dos meses después del 11-S, y que casi ningún congresista alcanzó a leerla o se interesó en leerla. Viano contempla la ley como un cambio dramático, ya que concede más poderes a los militares para que puedan detener a un ciudadano por tiempo indefinido sin acceso a los tribunales y sin abogado para -asegura- "prácticamente enviarlo a Guantánamo”.

Forrest dijo que era "consciente de la extraordinaria importancia de los esfuerzos del gobierno para proteger al país del terrorismo", pero que considera necesario modificar la ley para que sea más específica.