Prensa nada objetiva: Golpistas mantienen amenaza en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, prometió que el golpismo que encabezan elementos neoliberales, secesionistas y racistas en Santa Cruz no triunfará, y pidió que se respeten los derechos humanos de los periodistas que cubren los eventos al respecto, aunque indicó que debieran informar con objetividad, algo aún más difícil de lograr que el de eliminar los planes de defenestrar al gobierno que encabeza.

No es algo festinado, porque los titulares y los contenidos sobre lo que está pasando en Santa Cruz están aherrojados en más del 90% a los elementos dominantes reaccionarios.

Y es que los medios que se denominan falsamente de información responden a un denominador común: los dueños de las finanzas y la economía, que, por lo general, son los mismos que cada vez son más decisivos en la política, y en Bolivia han demostrado que pueden manejar a las fuerzas armadas, los aparatos represivos y el poder judicial.

Así, los camachistas piden que se liberen a su jefe, Luis Fernando Camacho, responsable de la destrucción de medios institucionales, muertos y heridos en Santa Cruz, a quien sólo le dictaron cuatro meses de prisión, por ignorar igual número de citaciones para que respondiera por su papel en el golpe de Estado contra el presidente reelecto democráticamente, Evo Morales, en el 2019.

Las organizaciones políticas y sociales del país han pedido que se condene a por lo menos a 30 años de prisión, por su responsabilidad en el asesinato de por lo menos 36 personas durante el golpe. 

Mientras, el Movimiento Al Socialismo, que preside Evo, exigió que se le destituya de su cargo de gobernador del departamento de Santa Cruz.

En los últimos días se sumaron más denuncias contra Camacho, culpándole de nuevos delitos como cohecho activo y seducción de tropas.

Por otro lado, las autoridades revelaron que Camacho recibió y transfirió sumas altas de dinero a los militares para financiar el golpe de Estado contra Evo.

INTERESES SECESIONISTAS

No ha sido un secreto político el interés secesionista de corrientes políticas dentro de Bolivia desde hace muchos años, incluso antes del proyecto plurinacional. 

El oriente del país, la región de Santa Cruz, ha sido la zona con más tendencia en procesos de corte separatista. Desde otros departamentos y regiones como Beni, Pando y Tarija -lo que llaman la media luna boliviana- también se han impulsado procesos afines a lo largo de la historia.

En estas regiones han sido recurrentes las pujas separatistas, justamente porque tienen más fuerza en la agroindustria, la ganadería y la extracción de hidrocarburos.

Sin duda, si hay un liderazgo en este proyecto de secesión, lo tiene la oposición derechista santacruceña. Aunque sus argumentos alegan diferencias culturales o étnicas como elementos disparadores del separatismo, la verdad es que ha quedado clara su intención de controlar uno de los territorios más grandes y poderosos económicamente del país.

Para orientar el proyecto separatista se creó el Comité Cívico pro Santa Cruz, con el fin de ejercer lo que ellos mismos denominan “el Gobierno Moral de los cruceños”, velando por el engrandecimiento moral y material del departamento como su fin supremo, tal como lo establece el Artículo 1 de sus estatutos.

En su portal web queda expreso que el Comité es una organización cívica institucional con la mayor jerarquía en el departamento, que es “esencialmente apartidista, sin fines de lucro y de bien común”, aunque es vox populi que está conformada por miembros de partidos de ultraderecha, instituciones religiosas y grandes consorcios empresariales, desde su fundación en 1950.

Los proyectos secesionistas empezaron a ser el programa de unificación del Comité, y es por eso que en su haber se cuentan grandes movilizaciones contra los gobiernos nacionales, participación en golpes de Estado como el ejecutado contra la fórmula Evo Morales y García Linera durante el 2019, campañas mediáticas desestabilizadoras y lo que fue calificado por el especialista Luis Brito García como “promoción de la ingobernabilidad” a través de huelgas y protestas, o la desobediencia tributaria, al desvincularse de procesos fiscales, o incluso a través de la política de desobediencia a la institucionalidad del Estado.

EL COMPLOT ACTUAL

El Comité Cívico de Santa Cruz es el que impulsa la campaña por la imposición del federalismo, fase primaria o previa del proyecto separatista. 

Y aunque Bolivia es un país unitario con autonomías, el gobernador del departamento, abogado y empresario Luis Fernando Camacho, anterior presidente y miembro activo del Comité Cívico, ha arreciado contra el gobierno nacional de Luis Arce por su “centralismo asfixiante”, promoviendo un discurso de odio contra la institucionalidad democrática boliviana y lanzando los que podrían denominarse como insumos narrativos que arengan la lucha por la secesión de la región.

La administración central de los recursos es para éste un robo a los que se genera desde las regiones, por eso ha hecho sistemáticos llamados públicos a que éstas emulen el modelo de desarrollo cruceño, y se sumen a la erradicación del centralismo, reemplazándolo por un Estado Federal.

Ante ello, la inmensa mayoría de la población, siempre marginada quienes apelan hasta el fanatismo religioso, ha cerrado fila junto al actual gobierno que, como señalamos antes, asegura que el golpismo no pasará y mantiene planes económicos que auguran un aceptable crecimiento económico cercano al 4%, con un endeudamiento menor que el resto de las naciones de la región, y una mejor atención social en todos los aspectos para este 2023.