Piñera en apuros

Al verlo extremadamente preocupado, un imaginario ser preguntó qué le pasaba, a lo que el susodicho, que no era otro que el presidente chileno, Sebastián Piñera, respondió: “Nada, niño, nada”, tal como hizo Pachito Eché, el inspirador del mambo de igual nombre del cubano Dámaso Pérez Prado. La diferencia estriba en que Pachito era popular, trabajador y muy querido en su nación, Colombia, todo lo contrario de Piñera.

Hoy el mandatario está nuevamente en apuros, tercera vez que recuerde, aunque ahora con más graves problemas que en el 2012 y 2016; con una aceptación que no llega al 10%, miles de personas manifestándose contra su política económica y social, pidiendo un cambio constitucional; y que se le enjuicie por su posible implicación en lavado de dinero, tal como reveló una investigación exhaustiva de periodistas y especialistas denominada Pandora Papers.

Convocada por organizaciones sociales, medioambientales y la Confederación de Estudiantes de Chile, los manifestantes han estado recorriendo durante estos días céntricas avenidas de la capital chilena hasta plantarse frente al Palacio de la Moneda, donde también demandaron la liberación de los presos políticos de las revueltas de 2019.

“Basta de corrupción”, “Vamos compañeros, salimos a la calle nuevamente; el planeta Tierra no se vende, se defiende”, eran algunas de las consignas gritadas por los manifestantes, que siempre al final eran reprimidos por efectivos policiales y carabineros.

Esta semana, partidos políticos presentaron ante el Congreso una acusación constitucional para que el presidente Piñera sea separado de funciones, después que una Investigación periodística internacional acusó al presidente chileno de evadir impuestos en paraíso fiscal y conflicto de interés para apoyar el llamado Proyecto Dominga.

Liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Pandora Papers surge como un trabajo de investigación periodística enfocado en grandes líderes mundiales y sus acciones económicas.

Con una filtración de archivos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas, en la investigación han trabajado más de 600 periodistas de 117 países, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) (Ciper y LaBot fueron los medios chilenos participantes).

PARTICIPACIÓN DIRECTA

En ese marco, se cita a Piñera por tener participación directa con sus acciones y conflicto de interés durante su mandato, al aprobar el proyecto minero Dominga, evadiendo impuestos en paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y además sellar la compraventa, junto a Carlos Alberto Deláno.

En base al proyecto, y siempre según la publicación de los Pandora Papers, se informa que el pago de la tercera cuota de Deláno implicaría que el gobierno de Piñera no declarara como reserva natural la zona donde se construirá el proyecto.

“Piñera y su familia fueron originalmente los mayores accionistas con el 33,3% de las acciones, y junto a Deláno acapararon el 56% del negocio… El reparto de acciones se mantuvo hasta diciembre del 2010, cuando Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera. La operación se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares”, dice la publicación.

Se agrega que “el monto debía cancelarse en tres cuotas: el 10 de diciembre se pagarían 106,8 millones de dólares y el 18 de enero otros 21 millones de dólares. El saldo quedaría pendiente hasta el 31 de diciembre del 2011. Este último pago, sin embargo, tuvo una condición: solo se haría si el Estado no declaraba reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga, como en ese entonces reclamaban los ambientalistas”.

Y mientras un vocero oficial negaba la culpabilidad del mandatario, la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel, mencionó que se investigarán los delitos tributarios, cohecho y soborno. 

Se trata de la misma prosecutora que tiene en sus manos la causa contra el mandatario y otros imputados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social que se produjo en el país entre octubre del 2019 y marzo del 2020.

El ex fiscal Carlos Gajardo afirmó que Piñera arriesga hasta cinco años de cárcel por cohecho, y explicó que el delito se podría comprobar en caso que se demostrara que el mandatario conocía los antecedentes de la cláusula en la compraventa de Dominga, y que bajo ese conocimiento no declarara como área protegida a la zona donde se emplaza el proyecto.

El ex persecutor valoró la decisión de la Fiscalía y dejó en claro que el hecho de haber suscrito un contrato que establece una condición que dependía netamente de su decisión, “puede constituirse como un delito de cohecho y, por tanto, debe ser investigado”.