Colombia: Represión que se extiende

No sólo en los lejanos rincones rurales, sino también en las principales ciudades colombianas el baño de sangre desatado por las fuerzas represivas colombianas está embarrando aún más a un gobierno sumiso al imperialismo y seguidor de los peores ejemplos de individuos que tras bambalinas aún manejan el quehacer político y económico de la nación suramericana.
 
A las masacres de ex combatientes, campesinos, indígenas, de sus principales líderes en zonas rurales, donde el manejo de la información por el gobierno oculta la verdad, se suman desde hace casi dos semanas el brutal maltrato a las decenas de miles de personas que protestan en Bogotá, Cali, Medellín y otras importantes ciudades contra la política económica oficial, con el saldo hasta este domingo 9 conocido de 47 personas muertas y 587 desaparecidas por las fuerzas policiales.
 
La magnitud de las manifestaciones de protesta ha hecho retroceder por vez primera al presidente Iván Duque, al retirar por el momento una reforma tributaria que golpea principalmente a la clase media, y apenas roza a la pudiente, esa que sostiene a su gobierno y es cómplice de crímenes, robo de tierras y narcotráfico.

Dicen que tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe, y así le ha pasado a Duque, al echar leña al fuego del descontento social, al intentar ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos y aumentar el precio de algunos productos, todo lo cual hace mella en una comunidad enormemente golpeada por la mal atendida epidemia de la COVID- 19.

En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en el 2020 y el desempleo trepó al 18,1% en febrero último. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad.

Duque aspiraba a recaudar unos 6 300 millones de dólares para aliviar a la cuarta economía latinoamericana, golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus, con apenas algunos roces para quienes tengan una fortuna superior al millón 300 000 dólares.

El gobierno esperaba aumentar los impuestos indirectos como el IVA (la gasolina pasaría del 5% al 19%) y gravar los servicios básicos en zonas de clase media-alta, así como los funerales, que son muchos.

Pero su partido no tiene mayoría en el legislativo, y además todos conocen que la gobernanza recibe cifras millonarias por su complicidad con la producción y exportación de cocaína, el primero a nivel mundial. 

Ante la grave crisis creada por la violación de los Derechos Humanos, gobiernos y otros entes, como la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y políticos, nada sospechosos de ser enemigos del régimen, colombiano han expresado su preocupación al respecto.

Este uso ilegítimo de la violencia por las fuerzas de seguridad y del Ejército ha estado propiciado, además, por declaraciones irresponsables como las del expresidente Álvaro Uribe, quien defendió “el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”.

Por supuesto que estos hechos están enmarcados en la no implementación por el gobierno del Acuerdo de Paz, firmado hace Más de cuatro años con la guerrilla de las FARC, así como la impunidad generalizada por los asesinatos y las violaciones de Derechos Humanos asociados.