Colombia: Represión institucionalizada y sin retroceso

El número de muertos, heridos y desaparecidos por la represión de las manifestaciones de protesta en Colombia sigue aumentando y no tiene fin, como la acción de personas inconformes con el actual gobierno que exteriorizan su descontento saliendo a las calles.

Todo es desventaja para los manifestantes, porque el gobierno no se inmuta para nada ante el daño al ser humano, justifica las acciones de los cuerpos policiales, da el visto bueno a paramilitares urbanos y presiona a las organizaciones sociales para que dejen de apoyar las justas demandas contra la mala política económica y social, que en tiempos de una pandemia mal atendida han hecho subir de forma astronómica la cantidad de personas infestadas y muertas por la COVID-19.

Desde el punto de vista político, el presidente Iván Duque ha estado amarrando corto a las otras organizaciones contrarias, controlando el Congreso, evitando que se echen abajo algunas medidas coercitivas para beneficiar a la oligarquía y las empresas extranjeras, además de mantener pujante la siembra de coca y producción de cocaína, de la que Colombia es el mayor exportador, con su principal mercado en Estados Unidos.

La posición de Duque es clara: apoyo al Plan Colombia, con la ayuda de fuerzas militares norteamericanas instaladas en territorio colombiano; hostigamiento constante a la vecina Venezuela, con el envió de paramilitares y grupos saboteadores asociados al narcotráfico; y posición servil al Imperio, que tuvo una de sus demostraciones cuando se abstuvo de votar contra el bloqueo norteamericano a Cuba, al igual que el Brasil de Jair Bollonado, ambos buenos pájaros de cuenta.

Para el analista político Moisés Ninco. la violenta represión de las protestas en Colombia es el resultado de la alianza entre el narcotráfico y la política de las fuerzas públicas, como la policía.

El gobierno colombiano, aunque ha “lamentado” la muerte de ciudadanos, tachó los incidentes de hechos aislados, que “no deben significar un estigma contra la policía como institución”.

Nada que decir con los asesinatos de líderes políticos, sociales e indígenas, de las continuadas y abundantes masacres de familias enteras, de las constantes burlas al tratado de paz firmado hacer cinco años en La Habana y de las “preocupaciones” de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

DETONANTE

El detonante de las más recientes protestas fue el brutal asesinato del abogado Javier Ordóñez, de 46 años, a manos de dos uniformados. Su muerte reavivó las protestas contra la violencia policial en el país sudamericano, donde, en el pasado, se produjeron muchos casos similares.

Son varios los problemas que han forzado a muchos a tomar las calles de Colombia en medio de una represión causante por lo menos más de un centenar de muertes, saqueos, vandalismo, peleas y los malogrados intentos por dispersar a las masas, principalmente en Cali, Bogotá y Medellín.

En medio de una recesión de la que este país apenas asomaba la cabeza y con un 14% de desempleo, se encuentra la poca atención que el gobierno le ha dado al aumento de muertes por COVID-19, y donde las unidades de cuidados intensivos hospitalarios están casi llenas, reportándose hasta casi mil decesos por día.

Los manifestantes también protestan por la baja calidad de educación, y la gota que derramó el vaso, el hecho de que el presidente Iván Duque está tratando de aumentar los impuestos.

Las más recientes manifestaciones comenzaron el 28 de abril pasado con la oposición inicial a la reforma fiscal que el presidente dijo que era clave para mitigar la crisis económica del país.

Los mítines fueron organizados por los sindicatos, dueños de negocios y mucha gente de la clase media con temor a caer en la pobreza con el incremento de impuestos.

La propuesta gubernamental reduciría el umbral salarial, lo que afectaría a cualquier persona con un ingreso mensual bajo o mediano, además de que aumentaría los recargos sobre la gasolina y el diésel.

Colombia viene arrastrando otros problemas como la deforestación y las restricciones a la participación ciudadana en la decisión del Fracking, una técnica de extracción consistente en fracturar rocas que tienen petróleo y gas atrapados en su interior.

“No es posible que el presidente de Colombia, en medio de tanta pobreza y negocios que han tenido que cerrar por la pandemia, nos quiera aumentar impuestos”, dijo Andrés Baltazar, residente de Los Ángeles, California, quien es colombiano.

“La gente no ve otra forma de protestar más que salir, a pesar de saber que expone su vida”, dijo.