Colombia: ley asesina: Tenía que ser así

Próximo a ser renovado, la derecha ampliamente predominante en el Congreso colombiano se apresuró a aprobar una ley que criminaliza las protestas sociales a favor del gobierno de Iván Duque, que, a pesar de sus crímenes contra opositores, ex combatientes y activistas sociales, fue “santificado” recientemente por la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.

El cuerpo legislativo tiene que someterse a elección en marzo venidero, por lo cual tenía que legislar rápidamente para aprobar la ley que Duque promovió y luego firmó para darle vigencia.

Con una amplia mayoría derechista de seis a uno fue aprobada la denominada “ley de seguridad ciudadana”, como fue bautizada por el gobierno, que la promovió propagandísticamente como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para contrarrestar la delincuencia en las ciudades y regular las armas menos letales.

Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución, como el derecho a la vida y a la movilización social.

Y es que la ley revive regímenes como aquel propiciado por el Estatuto de Seguridad Nacional en 1978, que, al igual que la actual, criminaliza la protesta social, dejando un panorama trágico con la masificación de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de tortura; o por la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, que dejó al país en la más crítica situación de derechos humanos con miles de jóvenes asesinados y desaparecidos presentados por la fuerza pública como “guerrilleros dados de baja en combate”.

La nueva ley ya había sido impulsada desde noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año en contra de una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza por la policía que dejaron medio centenar de muertos, 3 000 heridos y daños a la infraestructura pública.

El documento aumenta penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad comúnmente usadas durante las protestas.

Incluye también la legítima defensa privilegiada para particulares que se podrá ejercer cuando un extraño use maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en lugares privados o vehículos. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno.

DIVORCIADO DE LA JUVENTUD

Duque, un presidente relativamente joven, está plenamente divorciado de la juventud, la cual ha puesto la mayoría de los muertos por la represión policial en las más recientes manifestaciones, y ahora se criminaliza aún más.

Duque ni intenta comprender que hay que dialogar con los que están en las calles, que son los jóvenes, quienes en su mayoría ni estudian ni trabajan, que sienten que no tienen futuro y que no se les está escuchando. 

La población colombiana en general, y los jóvenes en particular, está expectante de un cambio, unidos por el desencanto y el rechazo a la clase política y el gobierno.

En la oleada de protestas que ya habían sacudido al país a finales de 2019, los jóvenes de universidades públicas y privadas fueron destacados protagonistas. Con su acción colectiva, los estudiantes “lograron una tarea titánica en un país en donde el cinismo y el escepticismo son la norma: lograron inspirarnos”, escribe la politóloga e internacionalista Sandra Borda en Parar para avanzar, su libro sobre movimiento estudiantil. 

Pero la actual oleada de movilizaciones marca diferencias. La pandemia y los confinamientos han contribuido al aumento de la desigualdad y han hecho más difícil acceder a la educación, la salud e inclusive la manutención, con arrebatos sociales muy difíciles de controlar.

Son manifestaciones más espontáneas y emocionales, menos controladas por organizaciones –sindicales o estudiantiles– y potencialmente más violentas. Muchos de estos jóvenes no están integrados ni en el sistema educativo ni en el laboral. Sus familias están marginadas, sin redes de apoyo. “Esta es una manifestación por la supervivencia. Son jóvenes que están mucho más en el límite, y por la naturaleza de los barrios que habitan, tiene una relación fatal con la fuerza pública”, valora Borda. 

“El diálogo que convoca el Ejecutivo de Duque presenta problemas difíciles de superar con respecto a estos jóvenes, entre ellos la represión de las fuerzas de seguridad. No puedes convocar a la gente que asesinas en la calle a que se siente a conversar. Ahí hay un problema de credibilidad enorme”, concluyó.

DERECHOS PISOTEADOS

El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma que acaba de aprobarse, porque criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano, autoriza a disparar a los jóvenes, también a los indígenas.

Juan Pappier, experto para Colombia de Human Rights Watch (HRW) –una entidad auspiciada por el imperialismo-, admitió a The Associated Press que esta nueva ley no es suficiente para enfrentar el deterioro de la seguridad en zonas remotas del país y para prevenir nuevos hechos de brutalidad policial contra manifestantes.

“El gobierno de Duque comete un grave error al creer que los problemas estructurales de Colombia se pueden solucionar creando nuevos delitos y aumentando penas de cárcel”, agregó.

A juicio de la senadora Aída Avella (Unión Patriótica), la ley es anticonstitucional y transgrede el principio de que Colombia es un Estado social de derecho.

Agregó que también redefine el concepto de proporcionalidad en aras de dar licencia para matar, con lo cual coloca la propiedad privada por encima de la vida humana.

Avella denunció que modifica las leyes vigentes para que “la presunción de inocencia y la legítima defensa existan de antemano en cualquier circunstancia que involucre a un miembro de la fuerza pública”.

Al intervenir ante el Pleno del Senado, la legisladora se opuso a lo que consideró “afrenta contra la movilización social, contra los jóvenes, contra los derechos humanos y contra la vida”. Además, cuestionó que tres ministros del Gobierno de Iván Duque presentaran un proyecto que viola la primera frase de la Carta Magna.

Otro representante, Iván Cepeda (Polo Democrático), expresó que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares… Es una licencia para matar, una nueva aberración de corte fascista del Gobierno”.