Colombia: Espaldarazo a Duque

Cuando se conoció de la visita de la Corte Penal Internacional (CPI) a Colombia se pensó ingenuamente que por fin quedarían al descubierto la hechura y complicidad del actual régimen en los múltiples y variados episodios de criminalidad en la nación suramericana.

Pero nada de eso, y todo se fue a bolina cuando el fiscal del ente que debía proteger los derechos humanos dispuso el cierre de la investigación preliminar que llevaba a cabo desde el 2004 por crímenes de guerra.

Por supuesto que esto fue celebrado por todo lo alto por el gobierno que Biden acaba de invitar a su convite por la democracia, mientras se daban a conocer la declaración del fiscal de la CPI, Karim Khan:

"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales, al igual que sus obligaciones reglamentarias, con base en el principio de complementariedad, y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar",

El principio de complementariedad con el que funciona la CPI implica que esta actúa en el país, en el caso de que la justicia nacional no pueda o no tenga la voluntad de hacerlo.

Así, Duque declaró que el cierre de la investigación es un reconocimiento “al esfuerzo” de su gobierno, y hasta hizo las paces”, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC).

Justamente, Khan se declaró "admirador" de esa jurisdicción, un impulso internacional al órgano judicial que ha sido duramente criticado por el partido de Gobierno, el oficialista Centro Democrático.

A comienzos de su mandato, el propio Duque presentó unas objeciones a la Ley Estatutaria que creaba la JEP. Los reparos fueron, sin embargo, rechazados por la Corte Constitucional.

Igualmente, el líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ha manifestado en varias ocasiones desconocer la legitimidad de la JEP, así como de otras instituciones surgidas del acuerdo, como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD).

Duque no admitió que la JEP contabilizara   6 042 asesinatos de los denominados “falsos positivos”, quienes eran civiles inocentes y en estado de indefensión muertos por el ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate.

VICTORIA PARA DUQUE

Pero la decisión de la Fiscalía de la CPI significa también una victoria "para el gobierno por su gestión y movida diplomática", dijo en entrevista con la Agencia Sputnik Juan Pablo Hinestrosa, profesor en Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia.

De hecho, en su discurso tras la firma del acuerdo de cooperación, Duque afirmó que el cierre del examen preliminar era un reconocimiento al "esfuerzo" de Colombia para "tener una Fiscalía General de la Nación robusta, sólida, independiente y eficaz", así como "los esfuerzos en el proceso de Justicia y Paz y los avances recientes de tener una justicia transicional que despliega sus capacidades y que debe asegurar principios de verdad, justicia, reparación y no repetición".

El tribunal de paz colombiano agrupó los delitos cometidos en el conflicto en los "macrocasos" de la toma de rehenes de las FARC, las ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, el exterminio de miembros de la Unión Patriótica (partido de izquierda cuyos miembros –más de 5 000-fueron asesinados a lo largo del país desde la década de 1980), y el reclutamiento de menores de edad.

Ocho comandantes de las FARC admitieron su responsabilidad en los secuestros, y se declararon dispuestos a recibir la pena de cinco años que se les impondría, pero ningún militar ni ente alguno ligado al ejército admitieron culpa alguna por los otros hechos.

El anuncio de Khan sorprendió, sin embargo, a las organizaciones de derechos humanos que han trabajado con la CPI durante las dos últimas décadas, al calificar la decisión de “prematura, equivocada y contraproducente”, y advirtieron que “puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia”. Y es que los las masacres, los asesinatos selectivos, la eliminación de opositores y activistas de todo género, que prosiguen, no deja buen aliento.

TODO SIGUE IGUAL

Otros subrayan el hecho de que se ha avanzado menos en investigar la violencia sexual y el desplazamiento forzado, dos de los otros crímenes señalados en el examen preliminar de la CPI desde el 2004 por sus niveles de impunidad.

Khan dijo a las organizaciones de derechos humanos que habló con la JEP del tema, pero las ONG no prevén cambio.

Adriana Benjumea, de la organización Humana, le recordó personalmente a Khan que en su ceremonia de posesión se comprometió a perseguir los delitos sexuales y de género. Argumentó que la justicia sigue en deuda en este tema fuera de la jurisdicción de la JEP, con niveles de impunidad de más del 90% en los casos que lleva la justicia ordinaria y del 75% en las salas especializadas para juzgar los crímenes de los paramilitares.

Como ha contado JusticeInfo, es un punto planteado por cientos de víctimas, entre las que se encuentra más recientemente Jineth Bedoya, una premiada periodista cuyo abuso sexual por paramilitares mientras hacía un reportaje, condujo a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia el mes pasado.