Colombia: ¿Arando en el mar?

Unos 3 000 ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –devenida en partido político- han llegado a Bogotá con similar propósito hecho con anterioridad por el movimiento social campesino e indígena denominado minga de dar a conocer los hechos violentos efectuados por paramilitares con la complicidad del ejército en diferentes zonas de la nación, la inasistencia a las grupos vulnerables y el incumplimiento por Bogotá del acuerdo de paz firmado hace cuatro años en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Miguel Santos.

En esta ocasión, los ex combatientes denunciaron el asesinato sistemático de por lo menos 235 de sus compañeros desde la firma del convenio, el desapego total de la actual gobernanza al respecto y, al igual que la minga, solicitar una reunión directa con el presidente Iván Duque, quien había rechazado conversar con la entidad social.

Los ex guerrilleros aprovecharán el momento para explicar la situación creada por la continuación de la política de fuerza oficial, reunirse con las víctimas de la violencia e incluso con familiares de militares caídos en combate con las FARC, independientemente de la solicitud de audiencia con Duque.

Personalmente, no creo que el mandatario tenga interés en una solución al respecto, porque todavía se encuentra en la cima de una situación de fuerza, amparado por la presencia de militares norteamericanos en unas nueve bases dispersas en la nación suramericana, el mantenimiento de la organización y entrenamiento por el ejército de unas fuerzas paramilitares convertidas en instrumento asesino, y la cada vez más entronizada política de odio contra todo tipo de oposición, con la complicidad de los principales medios de comunicación.

Como todos conocemos, pero es bueno reiterar, los ex combatientes alcanzaron un histórico acuerdo de paz con el gobierno en el 2016 que les permitió conformar un partido político a cambio de entregar sus armas y cumplir otros puntos del extenso convenio, el cual han tenido en cuenta escrupulosamente, no así el gobierno central, que ha seguido permitiendo a los grupos paramilitares, se niega a dejar libres a presos políticos y no sufragan la mayor parte de los gastos que ocasionan el asentamiento de los revolucionario en nuevos lugares, entre otros incumplimientos.

El acuerdo de paz, suscrito en La Habana, daba una esperanza cierta de terminar un conflicto de más de cinco décadas, que dejó al menos 250 000 muertos, 60 000 desparecidos y más de siete millones de desplazados.

Ya el asesor jurídico de la organización de ex combatientes, Enrique Santiago, había advertido que los acaudalados jefes de la reacción estaban ofreciendo en aquella ocasión un millón de dólares por la muerte de cada miembro del Secretariado.

Pero nada se hizo y ya suman, como informamos antes, 235 los dirigentes y activistas de la entidad asesinados, sin incluir a cerca de 400 reportados por otras organizaciones campesinas y obreras.