Año que acaba, indigna Dina todavía

En estos días la situación política peruana vive unos momentos de alta tensión por las disputas internas entre la presidenta Dina Boluarte y la fiscal general Patricia Benavides centradas en nuevos escándalos de corrupción que están sumiendo al país en una crisis institucional más grave que parece empeorar y complicarse por momento.

Empero, no importa que tenga el 94% de desaprobación popular: la designada presidenta de Perú se mantiene impertérrita en su cargo, avalada por Estados Unidos, parte de la oligarquía y el agradecido fujimorismo, por facilitar el indulto del genocida Alberto Fujimori, entre otras coordinaciones para ayudarla a mantenerse en el poder hasta el 2026.

La puesta en libertad del expresidente Fujimori fue el más reciente episodio de una crisis política que comenzó con la encarcelación de Pedro Castillo y la consagración del régimen de Boluarte.

El 7 de diciembre se cumplió un año de la destitución del presidente legítimo de Perú, Pedro Castillo, y su posterior detención que continúa hasta el día de hoy. Más tarde se consolidó un régimen controlado por sectores de ultraderecha fujimoristas y dirigido por su anterior vicepresidenta, Dina Boluarte.

Calificado como dictatorial por gran parte de la población, ha dejado ya más de 77 muertos, más de 1 300 heridos y decenas de presos políticos en las manifestaciones que reclaman la libertad del ex presidente y la repetición electoral.

Pudiera parecer optimista ante tanta maldad, pero lo que hizo el gobierno de Boluarte tendrá serias consecuencias jurídicas que ella y su entorno conocen.

Veamos: el ejército y la policía jamás hubiesen actuado sin orden del Ejecutivo, en este caso, de Dina Boluarte. Existe una cadena de mando y la cantidad de víctimas denota que el objetivo fue matar como si se tratasen de enemigos de guerra. Pretender responsabilizar al cadete que disparó es una barbaridad, porque fue el gobierno quien ordenó apretar el gatillo indiscriminadamente.

Recordemos que el ministro de Defensa de aquel entonces era Alberto Otárola, abogado y amigo de Dina Boluarte, y ella, en señal de respaldo -con los muertos como resultado de las matanzas en Apurímac, Juliaca-, lo premia nombrándolo primer ministro, pero no solo eso, sino que en contubernio con la Fiscalía le da en marzo un presupuesto adicional a ésta, y hasta el día de hoy no hay ni un solo detenido por dichas muertes, con el blindaje del Congreso de la República.

RECORDATORIO

“La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, han logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional”. Con estas palabras comenzaba el mensaje a la nación de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022 desde Lima. Diez minutos de intervención que sirvieron al entonces presidente de Perú para anunciar la disolución del Congreso, decretar un gobierno de emergencia excepcional y prometer la convocatoria de nuevas elecciones legislativas en menos de nueve meses.

Diputadas y diputados de distintos partidos, el poder judicial, varias ministras y ministros, así como, embajadoras y embajadores que acabaron presentando su dimisión, lo calificaron de “golpe de Estado”. Castillo decidió tomar estas medidas el mismo día en el que se debatía una tercera moción de censura contra su mandato, que había sido aprobada por el Congreso con 101 votos a favor de los 87 necesarios y de un total de 130, incluyendo varios votos del partido Perú Libre, el mismo que le llevó a la presidencia.

A Pedro Castillo se le conoció como el maestro rural de izquierdas que vestía el tradicional sombrero chotano de palma, un símbolo en las zonas campesinas de su ciudad natal Chota, en el departamento de Cajamarca. Llegó al Palacio de Gobierno gracias al voto popular y campesino de las regiones andinas, a pesar de los numerosos recursos presentados por la derechista Keiko Fujimori, que pretendía anular los resultados electorales del 6 de junio del 2021.

Su mandato no duró ni año y medio. El 7 de diciembre del 2022 tras el mensaje a la nación, Castillo fue detenido y terminó en la sede de la prefectura de la Policía de Lima. A las pocas horas el Congreso le destituyó por “permanente incapacidad moral” y Dina Boluarte, que era la vicepresidenta del gobierno, fue elegida como nueva jefa de Estado. Hoy continúa encarcelado en Barbadillo, el penal de máxima seguridad donde se encontraba también Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, indultado por el Estado peruano, que ha desoído el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no lo hiciera.

Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú, fue amenazada de muerte, por lo que tuvo que salir del país. Sigue considerando presidente a Pedro Castillo: “Nunca le han dejado gobernar. Cada insulto al presidente era el insulto a los pueblos indígenas originarios, era un desprecio hacia los provincianos. Al ministro de Salud se lo tumbaron porque era de provincia. Todos pedían que se cerrara el Congreso. Él ni siquiera había llamado al ejército, no había hecho nada. Para nosotros tomó una decisión sabia”.

A Anahí Durand tampoco le sorprendió lo que ocurrió. Meses antes había dejado la asesoría de la Presidencia del Consejo de ministros, un cargo que ocupó tras abandonar el movimiento Nuevo Perú. Durand fue la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde julio del 2021 hasta febrero del 2022, durante el gobierno de Castillo. Esta profesora, titular de Sociología en la Universidad de San Marcos, se identifica con un “feminismo popular de base” y se aleja del “movimiento feminista blanco coaptado por las ONG”.

“Esa tarde se votaba la vacancia (moción de censura) y no había muy buenos augurios. Había convocatorias en la mañana de organizaciones sociales para respaldar al presidente en esa votación del Congreso. Su decisión fue una fuga hacia adelante que dio para poder llevar una situación en la que ya le era imposible gobernar. Al presidente le censuraron 18 ministros en un año, a nadie en 200 años de República le habían hecho ese boicot. Se había roto el equilibrio de poderes hacía unos meses en el Congreso. Convirtieron a Perú en un parlamentarismo y se veía el juego político de la Fiscalía y el poder judicial.

“Dina Boluarte y el fujimorismo van a impedir a toda costa que Pedro Castillo salga en libertad", destacó la exministra, quien consideró que la susodicha “es producto de un error de la izquierda y del oportunismo de una persona ambiciosa sin escrúpulos”

Por el contrario, Ivette Zevallos, socióloga y activista del colectivo peruanos en Madrid, lo vivió con asombro desde España. “He vivido dos golpes de Estado. Por la experiencia anterior, que fue muy violenta, teníamos mucho miedo. Castillo enunció algunas palabras que nos hacían ir hacia atrás, hacia los años de Fujimori, el famoso ‘disolver’. En ese momento no lo entendíamos. Ahora sabemos que estaba acorralado. Dina Boluarte en la tarde ya tenía el fajín, la banda presidencial y el vestido para ir al Congreso, con lo cual todo estaba preparado”.

BOLUARTE SABE LO QUE LE ESPERA

Desde la cárcel, por apoyar consecuentemente a Castillo, la abogada Betssy Betzabet Chávez, exministra de Trabajo y expresidenta del Consejo de ministros, afirmó al medio español El Salto que “Boluarte sabe que le espera la cárcel y solo trata de ganar tiempo”.

Por los asesinatos, heridos, perseguidos y presos siente mucha impotencia, porque la dictadura consolidada conspiró para generar estas condiciones que sufren, injustamente encarcelados, bajo criterios clasistas y discriminatorios. “Mi profunda solidaridad a ellos, sus familiares y amigos: que tengan la convicción que saldrán en libertad, narrarán lo ocurrido y serán más fuertes. A las familias de las víctimas asesinadas: encontrarán justicia, y las generaciones venideras reconocerán el papel heroico de los que no están físicamente, su voz no será olvidada.

“Creo que el presidente (Castillo) jamás buscó quebrar su promesa con los más humildes del país, y el costo ha sido muy alto porque su vida, su libertad y su integridad personal fueron mellados”.

Considera ilegitimo a un gobierno que es rechazado por el pueblo, que es una mafia instalada que busca impunidad. “Pero están en caída. Y buscarán fugarse del país en cualquier momento para cederle el gobierno a la cúpula parlamentaria que dirige el gobierno para elecciones presidenciales —y no generales— para quedarse a la fuerza hasta el 2026, y eso generará el derecho constitucional de insurrección. Boluarte y Benavides rompieron su coalición, se vienen traiciones entre ellos y, créanme, habrá un juego de roles para generar películas de ficción. Será increíble”, consideró, para después afirmar que la fiscal de la nación será procesada y sentenciada por sus graves delitos.

Finalmente, a una pregunta acerca de lo que ocurrió el 7 de diciembre del pasado 2022, Bettsy dijo finalmente a El Salto: 

“El golpe parlamentario, una vez más el fujimorismo, con la mayoría de sus bancadas satélite, logró pactar bajo la mesa sus propios intereses. Siempre les importó poco o nada la voluntad popular, crearon las condiciones para el golpe parlamentario coludidos por los grupos del poder económico y generaron el actual clima de caos en el país”.