AMLO demanda a empresas de EE.UU.: ¿Rápido y furioso? Lento y complaciente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha interpuesto una demanda civil contra once empresas fabricantes de armas en Estados Unidos a las que señala de promover prácticas comerciales "negligentes e ilícitas", que facilitan el tráfico ilegal de armamento.

El gobierno estima que el 70% de las armas que se trafican a México proviene de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que solo en el 2019, unos 17 000 homicidios estuvieron vinculados a ello.

Es la primera vez que un gobierno mexicano hace una demanda de este tipo, en una cuestión que ha sido una práctica usual y que la gobernanza de Estados Unidos ha estado seriamente implicada desde el 2009.

La venta de armas de fuego está severamente restringida en México y controlada por el Departamento de Defensa. Sin embargo, miles de armas llegan por contrabando a México por los poderosos carteles de la droga del país.

Vergonzante es como EE.UU. realiza todo tipo de truculencias y se disfraza de paradigma democrático, al tratar de impedir la entrada al país de miles de migrantes, mientras arma a bandas de narcotraficantes.

Lo paradójico es que el propio EE.UU. ordenó una investigación al respecto, denominada Rápido y Furioso –como si fuera una película de Hollywood- dirigida por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia.

Todo pasó bajo el mandato de Barack Obama -de quien Joe Biden era su vicepresidente- y Felipe Calderón, quien ha sido señalado repetidamente de haber permitió todo tipo de desmanes relacionados con el narcotráfico.

Supuestamente ATF se había enrolado en la peregrina idea de que, para avanzar en la persecución de los jefes del delito, debía permitir que miles de armas fueran compradas y poseídas por cientos de traficantes, esperando que estos cruzaran la frontera y sean incluso utilizadas en crímenes para construir más pruebas a favor de las investigaciones.

La operación planeada en Phoenix, Arizona, permitió que armas como las AK-47 llegaran a manos de estos delincuentes, lo cual incrementó el número de asesinatos.

FRACASO

John Dodos, agente fronterizo, indicó el fracaso al respecto, porque “con el número de armas que dejamos pasar, nunca sabremos cuanta gente será asesinada, violada, asaltada... no hay nada que podamos hacer para recuperar esas armas. Están perdidas."

A su vez Mark Chat, funcionario implicado en la a todas luces fracasada operación, expresó que “cuando nos fijamos en la complejidad de las organizaciones y en su operación en la frontera de México, el estar tratando con el comprador más bajo en la jerarquía, esto no te lleva a encontrar al que se encuentra hasta arriba, al organizador, a la gente que tiene el dinero ni a las personas clave para terminar con estas bandas,"

EE.UU. admitió que sus “esfuerzos” para detener el flujo de armas había fracasado, pero no hizo nada para que empresas privadas siguieran haciéndolo ilegalmente en los cruces fronterizos.

Al respecto, la organización a favor del periodismo e información veraz, Public Integrity, informó que ATF permitió armas estadounidenses cayeran en manos de traficantes de armas mexicanos y, en ese sentido, nada hizo para que diversas empresas lucraran al efecto.

De ahí la demanda de AMLO a fabricantes de armas y la compensación en ese sentido, cuando la tasa de homicidios a nivel nacional de México en el 2020 se mantuvo sin cambios en 29 por cada 100 000 habitantes.

Entre los demandados se encuentran algunas de las empresas más importante en armas, incluidos: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt's Manufacturing Company LLC y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista del área de Boston que vende armas de todos los fabricantes mencionados, excepto uno, a distribuidores en EE. UU.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que la demanda era otra parte de los esfuerzos del gobierno contra la violencia armada. “La prioridad es que reduzcamos los homicidios”, dijo. "No buscamos cambiar las leyes estadounidenses", y especificó:

” Las empresas armamentistas, aunque dicen que no tienen responsabilidad, cuando venden las armas, sí la tienen”.

El gobierno mexicano señala que las empresas saben que las prácticas de estas compañías contribuyen al tráfico de armas a México, y lo facilitan.