Perú: Tiempo tormentoso

Perú: Tiempo tormentoso

Así, quien se dice que mantendrá una política propia, sin subordinación a nadie, reveló este sábado que conversó con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para transmitirle el pedido de adhesión a la iniciativa de seguridad Escudo de las Américas
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CubaSí

Tiempos tormentosos asolan a un Perú extremadamente golpeado en lo político y social, aunque no en lo económico, con aspectos boyantes que, lamentablemente, no están próximos a los más desfavorecidos.

En este aspecto sobresale la llegada de una mandataria que da relieve al poder militar para enfrentar las consecuencias de tantos años de abandono en lo social, mientras en política exterior no puede ser más reaccionario su proceder, con un alineamiento total a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así, quien se dice que mantendrá una política propia, sin subordinación a nadie, reveló este sábado que conversó con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para transmitirle el pedido de adhesión a la iniciativa de seguridad Escudo de las Américas, lanzada en marzo por el gobierno de Estados Unidos, integrado por los mayoritarios gobiernos reaccionarios de la región, para apañar los crímenes imperialistas y servir de instrumentos a los medio hegemónicos para eliminar la propiedad pública en beneficio de oligarcas y  el capital extranjero, preferentemente estadounidense.

Defendiendo lo indefendible, la mandataria trató de hacer creer que el “Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información. Porque entendemos que este tipo de flagelos y este tipo de lacras no se fijan en las fronteras, muy por el contrario, invaden los continentes y es por eso que al Perú le gustaría participar".

No mencionó que todos, absolutamente todos estos regímenes apoyaron la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, se cruzan de brazos ante la matanza de presuntos narcotraficantes, muchos de ellos comprobadamente pescadores, en el hundimientos de lanchas en el Caribe y el Pacífico, y ven con buenos ojos que el poderío militar norteamericano se descargue contra una cada vez más bloqueada Cuba, a la que trata de asfixiar de diversas maneras.

No sé si Keiko, para seguir los pasos de otros gobiernos subordinados a Washington, romperá relaciones con Cuba, una nación que junto a su padre, Alberto Fujimori, visitó cuando era joven, ostentando el título de Primera Dama. Aquí abrazó y besó a nuestro Comandante en Jefe y pasó ratos que calificó de muy agradables.

CONSIDERACIÓN

La asunción de Keiko, de 51 años, en elecciones marcadas por la duda, señala un hito en la nación andina, donde la delincuencia campea y algunos sectores temen por el regreso del pasado oscuro de la dictadura fujimorista.

Con menos de 50 000 votos de diferencia y tras un dilatado escrutinio, Fujimori ganó la segunda vuelta comicial al izquierdista Roberto Sánchez. Empero, en un hecho inédito incluso a nivel latinoamericano, perdió a nivel nacional.

Con el total de actas contabilizadas, Sánchez sacó unos 32 000 sufragios más que la nueva mandataria peruana. ¿La diferencia? Que la política de origen japonés arrasó en el voto extranjero. Sus connacionales migrantes la alzaron con el 63% de apoyos, aunque ensombrecidos al controlar la Cancillería y no la Junta Nacional Electoral, el traslado de sufragios.

"Hay un país partido", estima el analista político, José Carlos Requena, consultado por Rossia Today "Hay un importante sector de la población que le fue adverso, que es apático en general de la política", asegura.

Hay ejemplos que lo reflejan. En la región de Puno, fronteriza con Bolivia, Sánchez venció ampliamente con el 86% de los votos, mientras que Fujimori obtuvo 13%. En Ayacucho, aunque el izquierdista bajó su rendimiento esperado, terminó con 79%, seguido de la derechista con 20%.
Son dos territorios muy marcados por las masivas protestas de finales del 2022 e inicios del 2023 que dejaron decenas de muertes a causa de la represión estatal. "Keiko Fujimori va a recibir un país con muchos pasivos de estos 10 años de inestabilidad política", valora Requena.

CASTILLO Y HUMALA

Keiko ha subrayado que no indultará al expresidente Pedro Castillo, que cumple una condena de once años de prisión, acusado de intentar  dar un golpe de Estado y de corrupción, de la que no hay pruebas.

La mandataria espetó que solo lo hará si Castillo presenta graves problemas de salud, por un carácter humanitario.

Por suerte, la flamante mandataria no tuvo implicación y no pudo obstaculizar la reciente liberación de otro expresidente, Ollanta Humala, quien declaró, antes de ingresar a su casa en Lima y después de abandonar el penal de Barbadillo, que él, su esposa, Nadine Heredia, y su círculo más cercano en el Partido Nacionalista Peruano fueron "perseguidos por nuestra ideología", que fue ubicándose hacia la centroizquierda en su gestión como mandatario.

"Estos sicarios, el brazo armado del Ministerio Público, del Equipo Especial Lava Jato, usurparon funciones del Poder Judicial", afirmó el exmandatario en referencia a los fiscales a cargo de investigar la presunta financiación irregular de sus campañas con aportes de la empresa brasileña Odebrecht.

El exgobernante reiteró que jamás recibió aportes de campaña y que este proceso "es el buque insignia porque el resto de casos (abiertos en su contra) están relacionados (también) a las empresas brasileñas", como son las investigaciones sobre el Club de la Construcción, el Gasoducto del Sur y el proyecto de irrigación Olmos. No obstante, el exjefe de Estado aseguró que va a enfrentar todos esos procesos en curso.

"La sentencia del Tribunal Constitucional nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y mi hijo fue lo correcto", afirmó Humala sobre el pedido que hizo a Brasil, donde vive la exprimera dama desde el año pasado con el menor de sus hijos. En ese sentido, confió en que "la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese" a Perú, dado que al anular el proceso también liberaría a Heredia de la imputación en su contra.
El expresidente añadió que al Partido Nacionalista, que fundó con su cónyuge, también lo han "criminalizado", y señaló que "el Estado nos debe una disculpa".

“El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado (…) Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología política (…) Tiene que haber justicia para esta situación. No nos van a vencer”, recalcó.

Humala llevaba en prisión desde abril del 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento, especificó EFE.

MANU MILITARI

El  principal reto de Keiko será el combate a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2 421 en el 2019 a 26 734 en el 2025.

Las extorsiones golpean la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios y que han cobrado la vida de 239 transportistas en el 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres.

La oposición política ha formulado una serie de pedidos a Fujimori, incluida la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento dirigido por el fujimorismo que, según los expertos, debilitan la lucha contra el crimen organizado.

Esas normas eliminan la detención preventiva en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

La líder conservadora prometió en campaña que enfrentará el crimen con “mano dura” siguiendo el modelo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. También ha dicho que construirá una cárcel similar a la salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo e implantará jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.

Los opositores le han solicitado, además, una comisión para investigar las muertes de 50 civiles a manos de la fuerza pública durante las manifestaciones del 2022 y el 2023 que exigían nuevas elecciones y que surgieron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Los familiares de los fallecidos en las protestas no reconocen a Fujimori como presidenta y protestaron antes de su toma de posesión. Milagros Samillán, hermana de uno de los 50 civiles asesinados, indicó a la prensa que consideran a Fujimori responsable de blindar a la entonces mandataria Dina Boluarte, la sucesora de Castillo. También la señalan como la “hija de un dictador” que violó derechos humanos.

Los familiares lavaron banderas rojiblancas de Perú. “La justicia está lejos de nosotros, hoy lavamos la bandera en memoria de esos mártires”, dijo Samillán, hermana de Marco Samillán, un estudiante de Medicina asesinado en el 2023 por la fuerza pública cuando socorría a manifestantes heridos.

Agregó que “Keiko Fujimori no nos representa, no es nuestra presidenta, lavamos la bandera que debería estar limpia, pero sigue manchada de sangre, injusticia, corrupción e impunidad”.

 

 

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