Ecuador: Agua salida del cauce

Ecuador forma parte principal en estos momentos del entramado montado por el imperialismo norteamericano para dar al traste con las ínfulas izquierdistas y nacionalistas que han puesto en peligro sus intereses, además de intentar resquebrajar la unión de las fuerzas que durante diez años encaminaron al país por una denominada Revolución Ciudadana reconocida como lo que mejor ha tenido lugar allí durante décadas.

Lo peligroso de esta situación es que se ha aprovechado de la popularidad del nuevo gobierno, encabezado por Lenín Moreno, para denostar contra figuras reconocidas en el pasado inmediato como gestoras del intento ecuatoriano para labrar su propio camino, sin influencias extrañas, como está ocurriendo ahora.

La expresión de alerta fue la separación de Jorge Glas de la vicepresidencia del país, bajo el alegato de torpedear la gestión presidencial; dar el visto bueno a su encarcelamiento, por presunta conexión con el escándalo por corrupción que envuelve a la constructora brasileña Odebrecht; y colocar interinamente en su lugar a la ministra María Alejandra Vicuña.

Desde su residencia en Bélgica, el exmandatario Rafael Correa afirmó repetidamente su convicción de la integridad de Glas, considerándolo un hombre bueno y honesto, defensor consecuente de los logros revolucionarios durante su anterior vicepresidencia, y lamentó que Moreno haya tomado un rumbo que, según él, lo alían a las fuerzas opositoras de derecha.

«Lo conozco de toda una vida (al vicepresidente Jorge Glas); es una persona que no roba y no deja robar. Por eso uno se gana enemigos», enfatizó Correa en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN en español.

Para Correa, las acusaciones contra Glas son «una vulgar persecución política», lo mismo que «usaron en Brasil contra Dilma», refiriéndose así a la expulsión de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, sobre la base de cargos de corrupción en una medida que muchos llamaron un «golpe institucional».

Lenín, quien mantiene un lenguaje progresista, acaba de llamar a una consulta popular, sin contar con la agrupación gubernamental Alianza PAÍS, que preside, y exhortó al pueblo a contestar siete preguntas que ya envió a la Corte Constitucional, con el fin de enrumbar su acción, hecho que ha sido aplaudido por todos los sectores de la oposición, antes de que se conociera oficialmente el contenido del cuestionario.

La primera de las preguntas plantea la muerte civil para funcionarios y empresas culpables en casos de corrupción; la siguiente, la designación por voto universal de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, organismo creado por el anterior gobierno; y la tercera, prohibir la reelección de autoridades, tema que, subrayo, recibió todo el respaldo de la oposición, pensando en el posible regreso de Rafael Correa.

También se plantea echar abajo la ley de plusvalías, una pregunta sobre el Yasuní, y otra para evitar la minería en zonas protegidas.

La séptima pregunta tiene que ver con la imprescriptibilidad de delitos sexuales, contra menores de edad.

Luego que la Corte Constitucional se pronuncie (no hay un plazo fijo), el trámite pasa al Consejo Nacional Electoral, que deberá hacer la convocatoria oficial.

Sobre Odebrecht

Las transnacionales de la información hicieron gran algazara por la supuesta entrega de sobornos por un monto de 33,5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a funcionaros ecuatorianos para beneficiase con la contratación de grandes proyectos de obras públicas.

Esta empresa, según fuentes vinculadas al quehacer económico y político, quedó descubierta con vinculaciones a la Agencia Central de Inteligencia y al Banco Mundial, cuyo principal accionista es Estados Unidos.

El dueño de la constructora, Marcelo Odebrecht, delincuente confeso y condenado, según se informó en medios periodísticos, al dar su declaración en tan escandaloso problema, habría mencionado en su testimonio a líderes políticos y funcionarios de Ecuador de haber recibido estas coimas, incluyendo en la lista al expresidente Rafael Correa; al actual mandatario, Lenín Moreno; al vicepresidente Jorge Glas, al alcalde de Quito Mauricio Rodas; y a muchos otros, pero en el proceso no constan las pruebas pertinentes que sustenten lo señalado. Esto lo habría realizado como un chantaje hacia el gobierno del Ecuador para obtener el pago de 200 millones de dólares supuestamente adeudado y seguir manteniendo megaobras como la construcción del metro en Quito.

Según analistas brasileños, la lista de Odebrecht no es más que expresión de la venganza del jefe de esta constructora, porque el Estado ecuatoriano no quiere pagarle y porque fue expulsada de ese país al ser descubierta en actos reñidos con la ley, tal como se difundió en medios de comunicación.

La empresa Odebrecht fue expulsada de Ecuador por el vicepresidente Jorge Glas, lo que en su momento significó que se generará una tensión diplomática entre el gobierno de Correa con el ilegal de Temer.

Ahora hay todo un andamiaje de «pruebas» contra Glas, con el fin de desprestigiarlo no solo a él, sino a los reconocidos buenos resultados de la Revolución Ciudadana, que se complementaría con este posible divorcio de la actual administración con el pasado inmediato, algo que sería lamentable para todas las fuerzas progresistas de la región, deseosas de que el agua vuelva a su cauce en Ecuador.