Cuarta parte de educadores panameños laboran en difíciles condiciones

Perdieron la vida en la última década unos 18 docentes tratando de llegar hasta sus lugares de trabajo, según estadísticas de la Asociación de Profesores (Asoprof), cuyo secretario general, Diógenes Sánchez, confirmó la alta inquietud del gremio porque exponen su vida por condiciones precarias.

Carencias de agua potable, electricidad, atención de salud y caminos de penetración que faciliten el acceso a los centros educativos, son algunas necesidades comunes entre los docentes que laboran en áreas de difícil acceso en el país, señaló un reporte del periódico La Prensa.

En respuesta a los reclamos, Cristian Sánchez, director Recursos Humanos del Ministerio de Educación (Meduca), dijo que son conscientes de las necesidades y para solucionarlas trabajan integralmente desde todos los ángulos con otros ministerios.

La institución destina anualmente 3,5 millones de dólares para el seguro del personal docente y administrativo, y el seguro por muerte es tres veces mayor para los docentes de zonas de difícil acceso, explicó la fuente.

El 63 por ciento de los 10 mil 360 educadores rurales panameños se concentra en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, fronterizas con Costa Rica, donde predomina el relieve montañoso y los caminos están en pésimas condiciones, principalmente en la etapa lluviosa que se extiende a ocho meses.

La huelga, que aún se mantiene en al menos 100 aulas de esas dos regiones, clama por una solución integral al sistema educacional en las apartadas zonas, donde también los estudiantes arriesgan sus vidas a través de ríos crecidos y caminos peligrosos, según denunciaron educadores.

Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses, defendió la posición de quienes no aceptaron el acuerdo de fin de paro, porque desconfían del Estado, pues antes autoridades incumplieron acuerdos, y exigieron una respuesta con fecha de cumplimiento, para reincorporarse a sus labores.

Los gremios magisteriales que apoyaron la huelga realizaron el año pasado un paro en las escuelas públicas de las principales ciudades, incluida la capital, y obligaron al ejecutivo a aceptar un incremento salarial prometido en la anterior administración, además de aumentar el presupuesto destinado al sector, entre otros.