Correa evalúa daños económicos por terremoto en Ecuador

El sismo original, de 7,8 de magnitud en la escala de Richter, dejó 661 muertos, una decena de desaparecidos y al menos 30 mil personas sin hogar en la costa noroccidental ecuatoriana.

Mientras las réplicas -que ya superan las mil 600- incrementaron los daños materiales, sobre todo las dos más severas hasta el momento, ambas ocurridas el 18 de mayo, la primera con magnitud de 6,8 y la segunda de 6,9.

Según el mandatario, tras estos movimientos telúricos los albergues se desbordaron pues el número de viviendas destruidas creció, una persona perdió la vida y más de 80 resultaron con heridas.

La playa de Cojimíes, en la provincia de Manabí, tuvo más daños con las réplicas que con el propio terremoto del 16 de abril, reflexionó el presidente tras anunciar la construcción de un albergue allí debido a los derrumbes provocados por los sismos de hace pocos días.

Correa comentó que la actividad turística en la costa comenzaba a recuperarse cuando se dieron estas réplicas más fuertes y golpearon otra vez al sector del turismo, actividad económica fundamental de una provincia como Esmeraldas.

Debido a esta situación, el estadista confirmó su decisión de incluir a esa provincia entera en la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, recién aprobada por el Parlamento y el Gobierno para ayudar a los damnificados de esa tragedia.

La normativa crea mecanismos de financiamiento para propiciar la reactivación productiva y ayudar a reconstruir la infraestructura de los territorios más afectados.

El jefe de Estado ratificó la disposición gubernamental de construir casas para los damnificados pero en terrenos adecuados, y recomendó acudir mientras a los albergues oficiales, donde todas las necesidades básicas están garantizadas: carpas, servicios elementales, baños, comedores y energía eléctrica, entre otros.

Aunque insistió en que la opción preferida del Ejecutivo es la de "familias acogientes", y para fomentar la modalidad se entregarán créditos e incentivos tanto a estas como a las familias que perdieron sus viviendas.

Los bonos de acogida serán de 150 dólares mensuales por seis meses, las personas que decidan arrendar recibirán 135 dólares al mes por ese mismo período de tiempo, y la familia damnificada recibirá directamente 100 dólares por concepto de alimentación durante tres meses.

En una rendición de cuentas efectuada en el puesto de mando del Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911, de Quito, el presidente defendió la adecuada planificación de los nuevos asentamientos de viviendas para propiciar un crecimiento ordenado y factible de las ciudades.