Arando en el mar

Conociendo lo servil de la Organización de Estados Americanos al imperialismo estadounidense, pudiera parecer inútil el intento de la opositora Revolución Ciudadana de que la OEA atienda su denuncia por "alteración del orden constitucional" en Ecuador, después de que el presidente Daniel Noboa llamó por segunda vez a un referéndum para una Asamblea Constituyente sin tener un dictamen previo de la Corte Constitucional.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, solicitamos a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se activen de inmediato los mecanismos correspondientes de observación, seguimiento y protección del orden democrático", escribió la asambleísta Viviana Veloz, jefa parlamentaria de Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa.

Veloz publicó también una captura de pantalla en la que se puede ver el correo que envía dirigido al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en el que le pide que la denuncia sea "acogida con la urgencia y la importancia que la situación amerita, en defensa de los principios democráticos y de la institucionalidad de la región"

El pasado viernes, el presidente Noboa convocó mediante decreto un referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna, sin obtener antes la validación previa de la Corte Constitucional, conforme establece la norma.

Esto llevó a que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara la mañana del sábado el inicio del periodo electoral para la celebración del referéndum sin tratar la convocatoria relacionada con la Constituyente.
Sin embargo, por la tarde, Noboa derogó el decreto suspendido y emitió otro con la misma convocatoria, con el objetivo de que el CNE conozca la propuesta sin un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Este domingo, el ente electoral confirmó que el referéndum se realizará el 16 de noviembre y que por el momento solo se han aprobado dos preguntas relacionadas a la instalación de bases militares extranjeras y el financiamiento público de las organizaciones políticas.

MANO DURA DEL NACIDO EN MIAMI

Ante el auge de la violencia y del narcotráfico en Ecuador, el presidente Noboa ha manejado un discurso de mano dura, que ha repetido a lo largo de su gobierno, incluso con polémicas propuestas como traer mercenarios para luchar contra el narco o volver a instalar la base militar de Estados Unidos en Manta. Detrás de esto está el alineamiento geopolítico que tiene hoy el más obsecuente cipayo del Departamento de Estado en Suramérica.

Más allá de la pintoresca figura de un presidente nacido en Miami, que recibe a sus homólogos en traje de piscina, se halla toda una estrategia por la dominación de espectro completo sobre la cuenca del Pacífico y la región andino-amazónica, que tiene en Ecuador el epicentro de su despliegue en la actualidad, con las obvias consecuencias para Colombia, y demás países limítrofes. 

EE.UU. ha logrado consolidar un corredor de bases militares en el Pacífico Tropical que apuntan hacia el estratégico triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile) y al control de la biodiversidad regional, buscando contrarrestar la nueva “Ruta de la seda” que promueve China y que despunta con la inauguración del mega-puerto de Chancay en Perú. 

Tras el último chantaje de Trump a Panamá, se reitera la ocupación militar efectiva de dicho país con una docena de bases militares norteamericanas aún tras la entrega de la zona del canal, que se articulan además con el denominado CMAR – Corredor Marino del Pacífico Este Tropical- que incluye acceso a marines estadounidenses de instalaciones en la Isla del Coco en Costa Rica, la estación en la isla Gorgona colombiana, y la cuasi-base en la isla San Cristóbal del archipiélago de Galápagos de Ecuador. 

Este acuerdo firmado en el 2022, mimetizado en la conservación ambiental, tiene claras implicaciones geopolíticas, ya que el CMAR entra a complementar un despliegue militar existente en la región que envuelve el uso norteamericano de la base naval de la ARC en Bahía Málaga, la cadena de radares Kelvin Hughes, puestos en la costa pacífica colombiana en Juradó, Pizarro y Bahía Solano, así como la que opera en la base fluvial de Puerto Leguízamo y las ocho bases norteamericanas en Perú que miran los intereses chinos en el Pacífico y de Brasil en la cuenca del Amazonas. 

Sobra decir -para sorpresa de nadie- que la creciente militarización de esta área del continente no ha sido óbice para que esta cuenca sea la de mayor tráfico de cocaína en el mundo, sino que, al contrario, ha consolidado esta empresa capitalista transnacional del narcotráfico que regula la DEA norteamericana. 

De hecho, Ecuador tiende a convertirse en un narco-estado tal cual sucedió en otros países como Honduras y Afganistán, donde la intervención imperial y la hipócrita War Drugs solo sirvieron para elevar la tasa de ganancia de este sector que nutre los grandes circuitos financieros del Norte global.