Paraguay: El empleado Peña

Un colega afirmaba que el pueblo paraguayo había cometido un grave error al elegir a Santiago Peña como su presidente, pero esto es algo que no se puede juzgar solo por el resultado de su gestión o intento de gestión, porque aún predominan en ciertas capas del país la aquiescencia de las ideas retrógradas que el estroessnerismo dictatorial de antaño enquistó en parte de la población.

Lo cierto es que Peña, quien decía que era el adalid de la democracia representativa, que no participativa, ha alineado a Paraguay con lo peor que hay en la arena internacional, con plena sumisión a los dictados de Estados Unidos, sus ataques al Gobierno Bolivariano de Venezuela y el apoyo incondicional a Israel y la política genocida que practica para hacer desaparecer al pueblo palestino.

En lo interno, su devoción por su mentor, el expresidente Horacio Cartes, va más allá de lo imaginado, cuando deja que haya un poder paralelo que tome las decisiones cruciales, agravando una situación económica ya alarmante, porque el pueblo enfrenta dificultades diarias, especialmente en el acceso a la canasta básica y a servicios esenciales como la salud y la educación.

En una entrevista concedida a la local  Radio La Clave 103.9 FM, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guazú, expresó que cada día los paraguayos están peor, subrayando que es el pensamiento generalizado de la ciudadanía.

En este contexto, hay disparidad entre las cifras macroeconómicas presentadas por el Banco Central y la realidad de la población, mientras las políticas del gobierno están favoreciendo desmesuradamente a los sectores empresariales y agravando los problemas sociales, con precarización laboral y la falta de cumplimiento de los derechos de los trabajadores, mientras hay desfinanciamiento de las universidades en favor de iniciativas que tienen más un objetivo de negocio que de bienestar social. 

Sin dudas, Peña, sometido al cartismo, gobierna con elementos autoritarios y dice ser demócrata a través de twitters y comunicados, como en estos días cuando dijo estar preocupado por la situación en Venezuela, mientras dentro de Paraguay critican sus prácticas cotidianas calificadas de indecentes y autoritarias.

Estamos ante un gobierno representado por el cartismo, facción que representa a los sectores burgueses más abiertamente ligados a la mafia, que apela a la represión y a la persecución, orientado a continuar y profundizar las medidas neoliberales que permitirán un salto en los procesos de privatización de las empresas públicas; la reforma laboral y del servicio civil, afectando tanto al sector público como privado. 

Por otra parte, la renegociación estratégica del tratado de Itaipú en términos entreguistas, favorecen a los grandes negocios del que son parte la burguesía nacional y transnacional.

IMPUNIDAD

El gobierno ha copado instituciones claves como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado y el Consejo de la Magistratura, tiene también su peso en la Corte Suprema de Justicia y no hay dudas de que avanzará para tener el control completo. Ya ha amenazado al nuevo Fiscal General del Estado en sacarlo, considerando la mayoría que tiene en ambas cámaras del Congreso Nacional. Al frente del Senado está el ex Fiscal Jalil Rachid, tristemente célebre por su papel nefasto en la Masacre de Curuguaty, un enemigo de las organizaciones campesinas y populares. En otras palabras, tiene a la mayoría de las instituciones alineadas y bajo el pulgar de Cartes.

A través del Congreso Nacional ya apuntaló el paquete de medidas previstas como, por ejemplo, la fusión de Aduanas con la Subsecretaría de Estado y Tributación, lo cual le permitirá unificar la recaudación de ambos organismos sin ningún tipo de órgano controlador, lo que posibilitará la utilización discrecional de las recaudaciones; o la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual sustituirá y unificará al Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, concentrando así mayor poder político sobre todas estas carteras estatales, las cuales cumplían roles específicos y ahora están supeditadas a los lineamientos del Ministro designado. 

Además, ante una situación constante de escándalos de corrupción de todo tipo, ha decidido eliminar instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción. Todo esto se ha realizado a tambor batiente, sin ninguna audiencia pública, lo que demuestra el talante antidemocrático y arbitrario del cartismo. 

De todos los planes del cartismo, la gran medida que cierra es el proyecto frustrado en el 2018, la Ley de Superintendencias, que bajo el discurso de la “necesidad de control y reforma de las distintas cajas de jubilaciones”, convierte así sus recursos en fondos de inversión ajeno a los fines de los fondos. El superintendente designado por el ejecutivo administra las inversiones en jugosos negocios especulativos. No existe ninguna representación real de las y los trabajadores como de los jubilados, es decir, no existe un control de la clase trabajadora en dicho organismo.

Además de la rifa de los fondos jubilatorios, el tema de la precarización del sistema de salud es cada vez más grave y criminal, pero ello no se traduce en reacciones inmediatas para movilizaciones permanentes que confronten la situación calamitosa producto de la angurria de los corruptos que parasitan el sector (consejeros, empresarios y políticos), por lo cual es bochornoso que no se fortalezcan los procesos de organización y unidad de acción entre los gremios para canalizar procesos de lucha que apunten a una gran reacción para frenar esa situación insostenible. 

SOBRE LOS HOMBROS OBREROS

A la situación de brutal crisis económica, expresada en la continuidad de una situación inflacionaria que golpea los bolsillos de la clase trabajadora, y agravada por el desfasaje entre el salario y los precios de la canasta básica familiar, se suma el cada vez más abierto desconocimiento a los derechos laborales. Con respecto a esto último, la flexibilización laboral es la regla en la inmensa mayoría de los puestos de trabajo, lo que conlleva una situación de precarización cada vez mayor.
 
Paraguay es uno de los países con mayor tasa de desempleo, a lo cual hay que sumar el aumento del trabajo informal en condiciones de semiesclavitud y la enorme tasa de evasión del seguro social por las patronales, que llegan a aprovecharse impunemente de ello por la inexistencia de controles del Instituto de Previsión Social, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio Público.  

Por otra parte, en el marco de la reestructuración de determinados sectores de producción y servicio se procede a los despidos injustificados para que los/las trabajadoras no alcancen la estabilidad laboral. Así también la persecución a los intentos de sindicalización sigue siendo moneda corriente. 

La persecución sindical se manifiesta no solo en los despidos arbitrarios de quienes intentan organizarse o en la obstaculización para formalizar nuevos sindicatos, sino también en el desconocimiento de los contratos colectivos de trabajo o en la política para descabezar sindicatos, todo ello en la más total impunidad.

Otro gran obstáculo para que la clase trabajadora se organice y salga de su letanía es la podrida burocracia sindical, que es una extensión del Estado patronal para regimentar a la clase obrera. 

AÚN PEOR

La situación en el campo es aún más gravosa que en la ciudad por los niveles de miseria, explotación y opresión que viven las comunidades campesinas e indígenas por el avasallamiento a sus comunidades por los grandes propietarios de las tierras, quienes practican desalojos ilegales y echan mano a la criminalización de las comunidades.

Toda situación de sobreexplotación repercute con mayor agudeza en los sectores oprimidos, siendo las mujeres urbanas y campesinas las más afectadas. También sobre los inmigrantes (especialmente venezolanos en el último periodo) y sobre la comunidad LGBTI se descarga la crisis con fuerza, sirviendo los discursos de odio y discriminación como justificación para minusvalorar la fuerza de trabajo de estos sectores y servirse de ello para explotarlos en condiciones más precarias que al resto de la población trabajadora. 

Las tasas de feminicidios y todo tipo de violencia hacia las mujeres dan cuenta de una verdadera epidemia, aumentando mes a mes denuncias relacionadas a la violencia de género. El Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto insignificante para cubrir las enormes necesidades de asistencia integral a las víctimas de violencia y a sus hijos.  

Así se encuentra el Paraguay en el que Peña, el empleado de Cartes, ejerce la Presidencia, y sobre el cual se hace  imponderable  hacer de nuevo objeto de atención.