Convocan a marchar en Colombia en defensa de Petro
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Las distintas fuerzas políticas que respaldan al Gobierno de Gustavo Petro en Colombia han convocado a la población del país a marchar en forma multitudinaria para defender la Presidencia del líder del Pacto Histórico, ante las pretensiones de la derecha colombiana que planea dar un "golpe de Estado" al mandatario.
"Si la derecha en Colombia quiere dar un golpe de Estado al gobierno del cambio, entonces mañana 11 de octubre diremos 'marcho contra el golpe'. ¡En las calles nos vemos! ¡No pasarán! Ciertos sectores están asustados y desesperados. ¡Vamos Colombia! No al golpe de Estado", expresó la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, a través de X.
Por su parte, la líder indígena wayú Karmen Ramírez Boscán, congresista de la Cámara de Representantes, señaló que hay que respaldar el llamado del presidente Petro a movilizarse para defender la democracia y el triunfo de las fuerzas revolucionarias.
"Este triunfo nos ha costado mucho y no permitiremos que unos cuantos burócratas sin competencia nos arrebaten el derecho ganado democrática y limpiamente en las urnas, violando el Derecho Internacional. No al golpe de Estado", dijo.
De igual forma, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, dijo: "Este viernes desde las calles de Colombia decimos 'No al golpe de Estado'".
"Nos encontramos en la Plaza de Bolívar a partir de las 10:30 de la mañana para manifestarnos en unidad por la defensa de la democracia y en respaldo al presidente Gustavo Petro y el gobierno del pueblo", agregó Pizarro.
Investigación el CNE
La convocatoria sucede luego que a inicios de semana el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado en su mayoría por magistrados de oposición, abriera una investigación y acusara a Petro junto a tres miembros de su campaña electoral, por presuntamente sobrepasar el tope de recursos permitidos para los comicios presidenciales de 2022.
Por ello, además del mandatario, el ente comicial acordó investigar a su entonces jefe de campaña, Ricardo Roa Barragán; a la tesorera de campaña, María Lucy Soto Caro; al auditor Juan Carlos Lemus Gómez, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, ambos vinculados con partidos de la oposición, consignaron en mayo pasado una ponencia en la que se refieren presuntas violaciones a los topes electorales superiores a los 5.355 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares).
Los señalamientos se basarían en fondos no declarados, que abarcan desde donaciones y el pago a testigos electorales, hasta el desembolso de traslados aéreos y el alquiler de espacios usados para actos proselitistas.
La postura de Petro
Sin embargo, Petro ha insistido que el CNE ha incluido en su causa actos previos al inicio de la campaña, una factura errada que fue posteriormente enmendada y ha realizado un cálculo tendencioso de horas de vuelo, que no se corresponde con la metodología establecida para esos casos.
"Solo después y ante la presión de alguna prensa de ultraderecha, y por decisión política de esos grupos, comenzaron otro proceso investigativo con una ponencia centrada en buscar sobretopes donde no los había con un propósito: […] dar el golpe de Estado", afirmó en un post publicado el pasado 17 de septiembre.
En esos mismos días, Petro denunció abiertamente que desde el CNE se pretendía desaforarlo, porque esa entidad del Estado carece de competencias constitucionales para investigarlo. "Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado", dijo entonces.
A estos señalamientos agregó que sus adversarios políticos, en contubernio con "la mafia" –el narcotráfico–, tramaban expulsarlo del poder en un lapso de tres meses por medio de un magnicidio o de una destitución irregular.
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