A pesar de los reclamos anuales de la comunidad internacional, el bloqueo de Estados Unidos continúa hoy como el mayor obstáculo al desarrollo de Cuba y viola sistemáticamente los derechos fundamentales de la población.

De acuerdo con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el cerco estadounidense constituye la política de guerra económica más despiadada, abarcadora y prolongada que se haya impuesto a país alguno.

Así lo denunció el ministro de Relaciones Exteriores este jueves al divulgar el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, que será presentado en octubre próximo para su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento recoge que, como consecuencia de esa política, Cuba sufrió pérdidas por cinco mil 56,8 millones de dólares desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, que representan un incremento de casi 200 millones con respecto al informe anterior.

En su alocución, Rodríguez aseveró que la afectación aproximada es de más de 421 millones de dólares mensuales, o sea, 13,8 millones de dólares diarios, y apuntó que en seis décadas, esas afectaciones se elevaron a un billón 499 mil millones de dólares.

De no existir tal política, el Producto Interno Bruto de la isla pudo haber crecido en un ocho por ciento durante 2023, subrayó.

El canciller precisó que la arbitraria inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo profundiza las dificultades y afecta sensiblemente a las familias cubanas.

Cuba es víctima del terrorismo que se organiza y financia desde territorio de Estados Unidos, denunció.

El ministro encomió el apoyo exterior a Cuba, evidente en los llamados crecientes dentro de la sociedad estadounidense, para que se ponga fin a las medidas coercitivas y a la vinculación del país caribeño con el terrorismo internacional.

Cuba no está sola en el enfrentamiento a ese cerco multidimensional, recordó Rodríguez al señalar que desde 1992, la comunidad internacional ha ratificado el rechazo a esta política, reforzada a niveles sin precedentes durante el impacto de la Covid-19.