Petro enfrenta los molinos de viento

Mucho por hacer en esa Colombia que hace unas horas sepultó al destacado autor y cantante de vallenato Omar Geles, víctima de un infarto a los 57 años de edad, quien nunca escondió su admiración por Gustavo Petro y no hizo caso a quienes lo criticaron al dedicarle versos en que mostraba su convicción de que era “el Mandela que uniría a los colombianos”.

Petro tiene la virtud de decir lo que piensa y reconocer sus errores, como el confiar en ministros que ha tenido que destituir por haberlo desilusionado en el cumplimiento de sus deberes.
Con ese hándicap en contra y con una coalición disminuida del llamado Pacto Histórico acaba de convencer a un Congreso adverso a que apruebe su Plan de Desarrollo Nacional.

El texto final, que concilia las diferencias entre los proyectos acordados en el Senado y en la Cámara de Representantes, obtuvo los votos necesarios y será la hoja de ruta de Colombia para los próximos cuatro años. La aprobación de la ley Colombia potencia mundial de la vida significa una victoria para el presidente Petro y demuestra que su pequeña coalición puede luchar ante la adversidad.

Pero ello fue una de las pocas excepciones, porque importantes proyectos han sido congelados en el hemiciclo, consciente de que acceder ante el mandatario es una victoria que no se podrá ocultar y puede influir a favor de Petro si se presenta a la reelección en el 2026.

La reforma pensional, el más adelantado de los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro para reformular el sistema de seguridad social colombiano, enfrenta otro escollo. Fue aprobada en el Senado gracias a que incluyó un esquema de jubilación temprana para campesinos, afros e indígenas. Al iniciar su trámite en la comisión séptima de la Cámara, que aprobó un primer grupo de artículos este martes 21 de mayo, está sobre la mesa eliminar ese sistema, que fue un compromiso in extremis con el senador indígena Richard Fuenlantala. 

También está en juego la reducción de las semanas de aportes requeridas por las mujeres que sean madres. Además, una bancada opositora ha señalado que se violaron sus derechos, como minoría política, al darle poco tiempo para presentar su ponencia. Esta nueva etapa de la discusión de la reforma que tiene más cerca al gobierno de una victoria legislativa ―y al país de un cambio sustancial― se inicia marcada por las críticas por la forma en la que resuelve la situación de varias minorías.

Alexandra Vásquez, del oficialista Pacto Histórico, aclaró que, para prepararla se debatieron los asuntos de género y etnia. “Se incluyó ese enfoque que la reforma no tenía, un enfoque diferencial”, explicó en su intervención, recordando las discusiones internas entre los representantes ponentes que firmaron el texto propuesto. Sin embargo, esa ponencia ha reducido algunos avances para los grupos étnicos y las mujeres, beneficios que en todo caso han sido criticados por la oposición por su costo.

BURLA

Uno ha pasado inadvertido hasta ahora. Entre los 37 artículos aprobados este martes por una amplia mayoría ―17 de los 21 miembros de la comisión― está uno que en principio suena positivo, pues se titula Beneficio de semanas para mujeres con hijos. El artículo salió del Senado con el mismo nombre, pero con una diferencia de marca mayor. La comisión de la Cámara aceptó “disminuir en cincuenta semanas por cada hijo(a) nacido (a) vivo(a) o adoptivo(a) el número de semanas requeridas, hasta llegar a un mínimo de 1 00000 semanas por un máximo de tres (3) hijos(as)”. En el Senado ese mínimo eran 850 semanas. Es decir: la comisión convirtió el beneficio en un saludo a la bandera, ya que llevó el mínimo a las mismas 1 000 semanas que debe aportar cualquier mujer para pensionarse a partir del 2035. Toda una burla.

De una manera u otra la bancada opositora ha entorpecido los avances sociales del proyecto oficial, que sigue empantanado. Como también las medidas propuestas por Petro de carácter medioambiental, mientras “expertos” en los medios de comunicación se refieren a los fracasos, pero no el por qué de ellos y los culpables al respecto, que están siendo subvencionados por grupos económicos que ven perjudicadas sus ganancias.

Al asumir la presidencia de Colombia en el 2022, Petro prometió convertir al país en una “potencia mundial de la vida”, haciendo de la descarbonización y la protección del medioambiente una misión central de su gobierno. 

También acaparó las miradas del mundo con sus discursos sobre justicia ambiental y transición energética en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y en las COP climáticas de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. 

Sin embargo, un año y medio después de su posesión como el primer presidente de izquierda en Colombia, con casi 25 promesas medioambientales y energéticas según su plan de gobierno, sólo se han logrado avances concretos en ocho de ellas, y por las acciones realizadas hasta el momento, cumplir la mayoría de estas promesas antes de agosto de 2026, cuando finaliza su mandato, parece una misión cada vez más difícil.

A pesar de ganarse los elogios de los ecologistas en la escena internacional, internamente los vientos no le son favorables a Petro, debido a una poderosa oposición de elementos a quienes perjudican las medidas en ese sentido, y en tanto difunden una propaganda de desprestigio para boicotear la gestión oficial.

AVANCE

Uno de los avances más significativos ha sido el acuerdo del gobierno con comunidades indígenas para mejorar las consultas sobre los proyectos y permitirles asociarse con empresas en iniciativas eólicas y solares. Esto podría ser especialmente importante para el pueblo wayúu de La Guajira, un departamento que ha sido señalado como el “epicentro” de la transición energética del país, pero donde han surgido conflictos entre las comunidades y las empresas en torno a los proyectos de energías renovables. 

En cuanto a los intentos por reformar el código minero, “en función de la transición energética y con perspectiva ambiental y social”,  solo hay un proyecto de ley que el Congreso archivó a mediados del 2023. 

En lo que hasta ahora sí ha cumplido Petro es en la expedición, a finales del año pasado, de una resolución del Ministerio de Minas y Energía que obliga a todas las estaciones de gasolina a tener puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos. También es cierto que la actual administración detuvo, como lo había prometido, la firma de nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, así como los proyectos de fracking, las licencias de minería a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas de embalse. 

La noticia que sí celebra todo el mundo es que en el 2022 la deforestación en el país disminuyó un 29,1% respecto del 2021, y en la Amazonía se redujo en un 36,4%. Hay indicios de que el 2023 fue aún más impresionante, ya que el Ministerio de Ambiente calcula que la deforestación se redujo un 70% en los nueve primeros meses del año pasado. Se espera que los datos oficiales de todo el año estén listos en las próximas semanas.

La segunda meta, de restauración de hectáreas de bosque, es calificada de muy ambiciosa y todavía genera escepticismo. Aunque para el especialista opositor  Manuel Rodríguez Becerra nada más con cumplir esta promesa Petro ya le dejaría “un gran legado a Colombia”, el signo de interrogación sigue puesto por la capacidad de implementación de un plan que no sólo depende del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, las autoridades ambientales regionales y las mismas comunidades. 

Un gran espacio requeriría analizar todos los aspectos del plan de Paz de Petro, que tiene como objetivos eliminar los asesinatos de líderes sociales y las conversaciones con los diferentes grupos guerrilleros, que han avanzado en relación al Ejército de Liberación Nacional y una de las disidencias de las FARC, comandada por Iván Márquez, quien ha subrayado su apoyo a la reforma constituyente impulsada por Petro: “Defendemos el derecho del pueblo a la salud, al empleo y a la vivienda. No más privatización de los servicios públicos […] Vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo”.

Sin embargo, grupos que controlan el narcotráfico mantienen una actitud beligerante con un ambiguo ejército, mientras que la oposición y los medios que controlan, la mayoría, mantienen eventos multitudinarios para seguir desconociendo los avances oficiales, pese al Congreso, y echar más leña al fuego donde se cocina la ignorancia.