¿Porras? ¡A la porra!

Aquí, en Cuba, en décadas atrás, utilizamos la frase de mandar a la porra cuando alguien nos molesta o rechazamos sus opiniones o su presencia.

Esta expresión tiene su origen en el mundo castrense. José María Iribarren, en su libro "El porqué de los dichos", dice que es muy castiza, propia tal vez de Madrid, pero que se extendía a toda España. La porra era un gran bastón terminado en un puño de plata, y era portado por el tambor mayor o sargento mayor en los antiguos regimientos militares.

Durante la acampada de las tropas, la porra era clavada en el centro del campamento o un lugar reservado para ella, y allí eran enviados los soldados que eran amonestados por pequeñas faltas; a la voz de ¡Váyase a la porra!, el soldado debía ir a la porra y permanecer allí de pie el tiempo que durase su castigo.

Quién iba a decir que un castigo peor, con una “s” de más -con perdón por la pequeña cañona-iba a dejar chiquita la expresión de nuestro cubaneo y al vocablo de origen y accionar en España-.

Sí, una mujer, Consuelo Porras, fiscal general de la República, se ha mantenido haciendo daño todo el tiempo, protegiendo a los implicados en la corrupción generalizada en el país centroamericano, y ahora está empeñada en la anunciada guerra contras el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su movimiento Semilla, con el fin de impedir su asunción al poder y que ponga en práctica planes que puedan provocar su dimisión y encarcelamiento.

Con anterioridad, habíamos alertado del peligro de la lejanía de la fecha de asunción de Arévalo, enero del 2024, que daba pie a la puesta de planes en su contra, hecho que ya ha ocurrido, provocando el repudio de la mayoría de la población y manifestaciones en estos momentos de miles de guatemaltecos frente a las sedes del Ministerio Público en distintas partes del país, en reclamo de la renuncia de Porras y su plan de impedir que tome posesión.

Se exige, además, la dimisión del fiscal Rafael Culichiche y del juez Fredy Orellana, a quienes señalan de estar detrás de las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda que dio la sorpresa en las elecciones y que llevó a ganar la presidencia al progresista Bernardo Arévalo.

Culichiche investiga a Semilla por una supuesta falsificación de firmas para la formación del partido en el 2022, pero que se aceleró cuando el entonces candidato pasó a la segunda vuelta electoral.

Arévalo le puso nombre y apellido a quienes se encaminan a realizar lo que calificó de golpe de Estado en el país centroamericano, al acusar a Porras, Culichiche, Orellana y a la Junta Directiva del Congreso de buscar suspender la personería jurídica de Semilla. El Congreso despojó del partido a los diputados actuales de esa fuerza, luego del fallo de Orellana, pese a que no hay una sentencia firme.

Enrique López, del Parlamento Xinca, una organización de autoridades indígenas que realizan su protesta en tres departamentos del este del país fronterizos con Honduras y El Salvador, informó a The Associated Press que “hemos tomado la decisión de tomar las fiscalías para que renuncien Porras, Culichiche y Orellana, porque bloquean el proceso electoral”. Agregó que “como pueblo ya estamos cansados de este sistema corrupto que nos ha gobernado”.

El dirigente indígena indicó que la clase política que actualmente gobierna no quiere dejar el poder y no respeta lo que el pueblo ya manifestó en las urnas. En la segunda ronda presidencial Arévalo obtuvo 60,91% de los votos frente a 39,09% de la conservadora Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien se alió a todo lo peor de la política guatemalteca, incluyendo a ex militares jamás juzgados por sus crímenes.

“El único derecho del pueblo es a través del voto y en esta oportunidad ese voto se vio de una manera clara. Hoy más que nunca ellos están irrespetando la voluntad popular, quieren seguir haciendo lo que a ellos se les antoja, siendo servirle a este sistema que nos ha condenado a la pobreza, la falta de oportunidades y la miseria”, dijo López.

PORRAS, SIEMPRE PORRAS

Nacida en 1953 en San Juan Comalapa, en el centro de Guatemala, Porras estudió Ciencias Jurídicas y trabajó como integrante de la Corte de Apelaciones y como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, aunque no tenía experiencia en temas de investigación criminal de alto impacto antes de ser designada para el Ministerio Público.

De baja estatura, se caracteriza por llevar el cabello recogido, una bufanda al cuello y un rosario en forma de pulsera atado en la mano, símbolo de lo que dice es su fe religiosa.

Lo cierto es que Consuelo Porras ha utilizado su cargo para dirigir la persecución contra jueces y fiscales que trabajaban contra las estructuras de corrupción y crimen organizado en Guatemala, lo cual hizo que muchos de los amenazados tuvieron que salir del país. Entre sus más recientes hechos bochornosos, está el de haber ignorado delitos empresariales cometidos por Sandra Torres, la candidata presidencial derrotada por Arévalo, para que pudiera presentarse en la segunda vuelta.

La susodicha acaba de ser designada por el presidente saliente, Alejandro Giammattei, para seguir dirigiendo la fiscalía por otros cuatro años. "He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años", dijo el mandatario en una ceremonia oficial, y afirmó que la mujer cumple con todos los requisitos...

En un giro poco común en el nombramiento de un fiscal general, el presidente descartó "los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir" contra Porras. Dijo: "según nuestra Constitución (...) no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez".

No se refirió a que con Porras se criminalizó a jueces, periodistas y candidatos políticos. Por eso, desde que asumió el cargo en el 2018, la fiscal general ha sido objeto de numerosas críticas tanto dentro de Guatemala como en la comunidad internacional, de quienes la han señalado de proteger a políticos corruptos, bloquear investigaciones judiciales y coludir con el mandatario y su círculo más cercano.

Tanto el gobierno guatemalteco como la fiscal han negado sistemáticamente los señalamientos en su contra y aseguran que se trata de campañas mediáticas con sesgo político.

Al tomar nuevamente posesión del cargo, Porras aseguró que continuará su trabajo "sin sesgos ni ideologías", y calificó los señalamientos en su contra como "constantes ataques por algunas personas que buscan una justicia parcializada".

"Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré porque creo y confió en la Ley y jamás toleraré acciones arbitrarias que socaven los derechos de los ciudadanos guatemaltecos", dijo, sin sonrojarse.

PINOCHO

Calumnias y mentiras brotan de acciones que le debían haber hecho crecer la nariz, como a Pinocho, en tanto aumentan las protestas por su designación en las calles y redes sociales.
La Asociación de Periodistas consideró que la decisión "provocará mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas", mientras el Consejo Nacional Empresarial de Guatemala opinó que su reelección "no es una buena noticia para el clima de inversión del país. Tampoco para la necesaria estabilidad y el Estado de derecho".

Es necesario subrayar su participación en hechos significativos de corrupción. Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras incluye dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción.

Entre los “logros” de su gestión, la propia fiscal ha destacado los más de 60 personas acusadas de narcotráfico que fueron extraditadas a Estados Unidos, así como los casi dos millones de casos resueltos durante su mandato, pero obvia que la mayoría simplemente se cerraron sin resolución.

Recordemos que fue nombrada inicialmente para el Ministerio Público en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que lideró la más importante batalla contra la corrupción en Guatemala hasta la fecha.

Morales, por ese entonces, había comenzado a desarticular los organismos contra la impunidad existentes en el país, entre ellos la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cici), una misión respaldada por Naciones Unidas que operó durante 12 años y que logró desmantelar numerosas redes criminales.

El entonces mandatario anunció en el 2019 la salida de la Cici del país, poco después de que Porras se convirtiera en fiscal general.

Uno de sus primeros pasos en ese puesto fue ir contra su predecesora., quien tiene ahora orden de arresto.

Aldana se trató de presentar como candidata a la presidencia, pero el Ministerio Público, liderado ya por Porras, la acusó de "malversación de fondos" y giró una orden de captura en su contra, por lo que la reconocida exfiscal se tuvo que exiliar en Estados Unidos.

Para organizaciones de defensa de los derechos humanos fue entonces cuando comenzó una persecución desde el Ministerio Público contra jueces, fiscales y abogados que trabajaban temas vinculados a la corrupción.

Medios guatemaltecos reportaron entonces que Porras comenzó a tener fricciones con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y terminó despidiendo al encargado de esa oficina, Juan Francisco Sandoval, quien también tuvo que refugiarse en Estados Unidos.

En una entrevista con BBC Mundo el año pasado, Sandoval aseguró que uno de los motivos detrás de su destitución era que estaba investigando al gobierno del presidente Alejandro Giammattei.