Pobre Perú: Y ahora con una usurpadora mata-indios

Muy atenta al descabezamiento de los dirigentes que se opusieron a la usurpación de su gobernanza, la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, ha hecho aprobar por el tan abyecto como sumiso Congreso la entrada de tropas norteamericanas al país, con el fin de entrenar a la policía y al ejército, cuyos oficiales en su mayoría ya lo habían sido en el propio Estados Unidos.

Las tropas estadounidenses estarán allí desde el primero de junio entrante hasta el 31 de diciembre de este año, y su permanencia está justificada oficialmente por el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azorín, quien aseguró que no hay intención de establecer una base militar en la nación suramericana.

Esta decisión se llevó a cabo horas después que la “justicia” peruana calificara de ilegal las protestas sociales y a dos semanas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentara graves violaciones por militares y policías contra quienes protestaban contra el Congreso y Boluarte, con la muerte comprobada de 69 personas que no portaban armas, entre ellas 48 indígenas, sin contar que otras se encuentran desaparecidas. 

La presidenta de la CIDH, Margarite Muy Macula, incluso declaró que esas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales» en Ayacucho, una de las regiones donde se registraron los actos más cruentos.

Mientras, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clemente Ovule, coincidió en que hubo “uso excesivo” de la fuerza contra las manifestaciones.

LEY MORDAZA

Los medios de comunicación en Perú están controlados casi totalmente por la derecha, y en este contexto apenas surgen opiniones discordantes contra quienes mantienen a las fuerzas progresistas en un puño. En este contexto, el Congreso aprobó una denominada Ley Mordaza que castiga a quienes difamen a los legisladores, en su mayoría sospechosos de corrupción.

Ello toca no solo a periodistas de izquierda, y los pocos que tratan de actuar honestamente desde los propios órganos de derecha.

Desde Nueva York, el director de programas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Martínez de la Serna, analizó las recientes amenazas al trabajo periodístico en Perú: la pretensión del Congreso de elevar las penas por difamación, el hostigamiento judicial a periodistas de investigación, así como los ataques de grupos de extrema derecha, sin que el gobierno de Baluarte tenga la voluntad para proteger su labor.

Ello ha sido particularmente intenso con periodistas que se han atrevido a cuestionar la decisión de la mandataria interina de gobernar por control remoto, pretendiendo hacerlo si puede viajar al exterior, ya que no tiene a vicepresidente que dejar.

Hasta una Comisión del Congreso aprobó tal deseo de Dina, que hasta un miembro de la nada progresista Organización de Estados Americanos lo calificó de descabellado y sin precedentes.

Lo cierto es que Dina Baluarte se aferra a un poder avalada por todo lo peor que vive en la nación, complaciendo a quienes intentan hasta ahora a mantenerla en el poder hasta el 2026, no obstante, el rechazo de casi el 80% de la población, junto a un Congreso aún más detestado.

Y todo va de la mano, porque Boluarte ha mantenido a Perú como baluarte del neoliberalismo y de quienes han cometido crímenes y latrocinios dentro y fuera del país.

Por eso no es raro que delincuentes van y vienen desde el vecino Ecuador, mientras persigue a los indígenas que tratan de mantener contactos con sus familiares de Chile y Bolivia.

Dina Boluarte se ha dispuesto a actuar contra estos indígenas como lo hicieron Alan García y Alberto Fujimori, dos mandatarios detestables, porque se sabe protegida por poderosos círculos económicos y políticos internacionales.