Parlamento cubano continúa su agenda legislativa

«Es expresión de que el país se va reanimando», consideró el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al referirse al hecho de que el Parlamento cubano volviera a reunirse de manera presencial en el Palacio de Convenciones, tras dos años de restricciones provocadas por la epidemia de la COVID-19 en el país.

Presidida por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, la sesión de trabajo de este sábado es reflejo del amplio ejercicio legislativo que han seguido desarrollando los parlamentarios, a pesar de la compleja situación epidemiológica que se ha vivido en Cuba en estos meses.

En esta ocasión los diputados cubanos analizan cuatro proyectos de leyes: de los Tribunales Militares; del Proceso Penal Militar; del Ordenamiento Territorial y Urbano y la gestión del Suelo; así como el Código de las Familias.

Al presentar los dos primeros proyectos, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, comentó sobre la incidencia que tuvo en su actualización el proceso de consulta a los miembros de la Asamblea. Ambos textos, dijo, guardan total sintonía con las leyes aprobadas por esta Asamblea en su sesión anterior, desarrollada el pasado mes de octubre. «Fueron construidas respetando los preceptos constitucionales del país en lo relativo a la impartición de justicia.»

De acuerdo con la información ofrecida por Remigio Ferro, 162 nuevos criterios emanaron de la consulta a los diputados, a las instituciones especializadas, y a los organismos. «Todos los criterios de los diputados fueron conciliados con ellos», aseguró.

De manera general, explicó que se agregaron varios artículos, aunque mayoritariamente la actualización de los proyectos correspondió a modificaciones de redacción para facilitar la comprensión de los documentos.

¿Qué distingue a estos dos proyectos de leyes?

Ley de los Tribunales Militares

    Se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales en el cumplimiento de sus funciones (artículos 148 y 150 de la Constitución).
    Se refuerza la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan, en primera instancia, por los tribunales militares de región.
    Los procedimientos para la elección, nombramiento y tránsito de los jueces profesionales por los diferentes órganos e instancias judiciales (carrera judicial), se regulan de forma explícita y trasparente, y se equiparan con los establecidos para la jurisdicción civil.
    Se regula, con mayor objetividad y racionalidad, la participación de los jueces legos en los actos de impartición de justicia.
    Los jueces legos de la sala de lo militar del Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
    Los jueces legos del resto de los tribunales se eligen por las asambleas municipales del Poder Popular.
    Participan en los procesos conforme con las necesidades del servicio judicial (asisten al órgano judicial cuando objetivamente se requiera).

Ley de Proceso Penal

    Amplía el régimen de acceso, comunicabilidad y participación del imputado o acusado, su defensor, la víctima y el tercero en todas las fases del proceso penal militar.
    Se fortalecen las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa, como son conocer las imputaciones en contra y designar un abogado desde el inicio del proceso, proponer pruebas, examinar el expediente, participar en diligencias de investigación que lo requieran y otras.
    Se precisa que el proceso penal militar se inicia a partir de que la autoridad actuante le comunica al presunto responsable los cargos de que se le acusa, lo que debe realizarse, si la persona se encuentra detenida, dentro de las 24 horas a partir de su detención y, si está en libertad, dentro de los cinco días posteriores a recibirse la denuncia.
    Se prevé que el fiscal militar pueda prescindir de ejercer la acción penal, en los delitos por imprudencia y en los intencionales, cuyo marco sancionador no rebase los cinco años de privación de libertad.
    Se regula con mayor precisión el carácter excepcional del empleo de la medida cautelar de prisión provisional, y se refuerza el control judicial –de los tribunales militares– sobre la pertinencia de su imposición y permanencia en el tiempo.
    Se refuerzan los derechos y garantías de la víctima o perjudicado, entre ellos nombrar abogado que le represente, proponer pruebas y asistir al juicio como ayudante del fiscal. Asimismo, se le confiere la posibilidad de ejercitar la acción civil resarcitoria o de reparación de daños y perjuicios, y otras.
    Se establece la posibilidad de que el acusado y su defensor expresen su conformidad con la acusación y la sanción que solicite la fiscalía militar. El tribunal militar puede dictar sentencia sin necesidad de realizar el juicio oral y público.
    Se crean reglas de procedimiento para el juzgamiento de menores de 18 años de edad.
    Posibilita excluir las pruebas ilícitas o anular actos procesales que vulneren las garantías constitucionales o se ejecuten con inobservancia de las formalidades previstas en la ley, ocasionando perjuicios a los intervinientes.
    Perfecciona el régimen de recursos contra decisiones judiciales, establece el de apelación contra las sentencias de los tribunales militares de región, y moderniza el recurso de casación, sus causales y efectos.

Urbanismo y Suelo

En la mañana de este sábado, en los encuentros de los diputados previos al 8vo Período ordinario de sesiones, se realizó un análisis preliminar del proyecto de la Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo.

Diana Rosa Suárez, directora jurídica del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, explicó en la presentación de la legislación que la misma no tiene antecedentes en el país. Estos ámbitos estaban regidos anteriormente por un decreto ley del año 1978, ya obsoleto.

El proyecto llega a la Asamblea Nacional del Poder Popular tras un amplio intercambio con diputados, organismos, universidades y población, consultas que llevaron a incorporar alrededor de un centenar de cambios al borrador inicial.

Según comentó el doctor José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento, la propuesta ha sido una de las que más opiniones han suscitado entre los diputados en los últimos años.