Combatir la desinformación, la gran batalla que encara EEUU

Después de unas elecciones marcadas por teorías conspirativas y afirmaciones falsas, las autoridades electorales de Estados Unidos empiezan a prepararse para lo que se viene.

Están buscando formas de contrarrestar la enorme cantidad de desinformación acerca del proceso y de los resultados electorales con miras a los comicios de mitad de término del 2022 y más allá.

Un tema dominante en los encuentros virtuales de esta semana de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (que supervisan la votación) y de la Asociación Nacional de Directores de Elecciones Estatales fue qué hacer con los votantes que perdieron la fe en el sistema por la desinformación que circuló en las elecciones presidenciales del 2020.

“Hay gente que nunca va a creer en nada y yo no voy a tratar de convencerla de lo contrario”, afirmó la secretaria de estado de Arizona Katie Hobbs. “Es lamentable, pero es lo que tenemos”.

Jared Dearing, director ejecutivo de la junta electoral estatal de Kentucky, dijo que la gente sigue llamando a su oficina convencida de que la votación presidencial estuvo arreglada. El fraude electoral es muy inusual y es casi imposible que cambie el resultado de una elección a nivel nacional. Las elecciones son controladas por los estados y supervisadas por los condados u otras jurisdicciones locales.

“Una de las cosas de las que hablamos en nuestro círculo es que seguimos recibiendo estas llamadas de gente que habla de teorías conspirativas”, señaló Dearing, añadiendo que en la mayoría de los casos es imposible hacerles cambiar de parecer.

Funcionarios electorales municipales y estatales han dicho numerosas veces que las elecciones del 2020 fueron limpias y seguras a pesar de que el presidente Donald Trump y sus aliados afirmaron que se las habían robado. Los tribunales rechazaron numerosas denuncias de irregularidades y figuras de ambos partidos realizaron investigaciones sin encontrar nada. El propio secretario de justicia designado por Trump dijo que no había evidencia alguna de un fraude generalizado que pueda haber cambiado el resultado.

La cantidad de afirmaciones falsas en el 2020 y la rapidez con que se propagaban por las redes sociales generaron grandes dolores de cabeza a los funcionarios electorales, que debieron contrarrestar esas falsedades al tiempo que se aseguraban de que todo salía bien en medio de una pandemia.

“Se juntó todo y dio paso a una gran mentira para tratar de socavar la confianza en las elecciones”, declaró Matt Masterson, exalto ejecutivo de la U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

Masterson exhortó a los funcionarios electorales a que sigan buscando formas de contrarrestar las campañas de desinformación y a que no se mortifiquen por lo sucedido el año pasado.

“Sé que con todo lo que pasó sentimos que hicimos todo lo que había que hacer y nadie nos escuchó”, expresó. “Pero es difícil determinar y comprender cuánta gente lo aceptó y descartó lo que se decía”.

Un tema a resolver es qué papel tendrán las autoridades electorales estatales y municipales y lo que deberá hacer el gobierno federal para identificar y corregir la desinformación electoral.

La U.S. Cybersecurity Infrastructure Security Agency, a cargo de ayudar a proteger los sistemas electorales, lanzó un portal “Control de Rumores” el año pasado ante la cantidad de información falsa.

No está claro si el gobierno federal seguirá interviniendo. Funcionarios de la agencia dijeron que las autoridades estatales y municipales son las más indicadas para contrarrestar la información falsa.

Una “intervención fuerte”, por otro lado, puede resultar contraproducente y hacer que la gente se encierre más en sus burbujas informativas, según Bob Kolasky, subdirector del Centro Nacional de Manejo de Riesgos de la agencia.

“No queremos sermonear a la gente y deciles que todo lo que piensan está equivocado sin mostrarnos de algún modo comprensivos de sus ideas”, expresó.

Otro tema analizado fueron las amenazas que los funcionarios electorales recibieron y siguen recibiendo por negarse a aceptar las denuncias de irregularidades.