Unos diez exsecretarios del Pentágono advierten a Trump de que no trate de implicar a las Fuerzas Armadas de EE.UU. en su controversia sobre el fraude electoral.

En una carta abierta y suscrita por los diez exsecretarios de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) que siguen vivos, se hace una llamada de atención al presidente saliente estadounidense, Donald Trump, para que se abstenga de cualquier intento de implicar a las Fuerzas Armadas en su controversia sobre el “fraude” electoral, pues su narrativa podría llevar al país a un estado de caos e inconstitucionalidad.

Los diez ex altos cargos del Pentágono, tanto demócratas como republicanos, en un artículo de opinión publicado el domingo en The Washington Post, criticaron abiertamente la falta de disposición de Trump a cumplir con su deber constitucional de entregar pacíficamente el poder el 20 de enero al electo presiente, Joe Bien.

“El tiempo para cuestionar los resultados ha pasado; el tiempo para el conteo formal de los votos del Colegio Electoral, como lo prevé la Constitución y los estatutos, ha llegado”, señalaron los extitulares del Pentágono, para luego advertir contra el uso de las Fuerzas Militares en cualquier plan para cambiar el resultado.

Tras las elecciones del 3 de noviembre y recuentos posteriores en algunos estados claves como Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Míchigan, así como infructuosas impugnaciones judiciales de la campaña legal de Trump —presentadas ante las cortes federales—, el resultado está más que claro, subrayaron los firmantes de la misiva, es decir: Dick Cheney, William Perry, Donald Rumsfeld, William Cohen, Robert Gates, Leon Panetta, Chuck Hagel, Ash Carter, James Mattis y Mark Esper. Mattis fue el primer secretario de Defensa de Trump; renunció en 2018 y le sucedió Esper, despedido días después de los comicios del 3 de noviembre.

Insisten, asimismo, que las acciones para implicar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la solución de disputas electorales podrían dirigir al país norteamericano a un “territorio peligroso, ilegal e inconstitucional”.

“Las autoridades civiles y militares que ordenen o lleven a cabo tales medidas tendrán que rendir cuentas, incluso enfrentar posibles sanciones penales, por las graves consecuencias de sus acciones contra nuestra república”, dejaron dicho como aviso para navegantes.