Primera prueba de fuego de gobierno argentino en el Congreso

Este miércoles, después de largas reuniones y posiciones encontradas, el plenario de comisiones de la cámara de Diputados comenzará a discutir la iniciativa, que abarca varios puntos, primer paso con el cual el Ejecutivo espera avanzar para tratar de aliviar un poco la situación económica en un país que cerrará el año sumergido en una profunda crisis y con una alta inflación.

En el interbloque de Juntos por el Cambio, la alianza que representa al ahora exmandatario Mauricio Macri, adelantó que votará en contra del proyecto del Gobierno, en tanto dentro de ese brazo político varios miembros señalan que no dará quórum para impedir que se discuta.

Según trascendió en medios de prensa locales, la víspera, tarde en la noche, Juntos por el Cambio finalmente decidió, por unanimidad, no acompañar la propuesta de la ley al considerar que 'significa anular el Congreso Nacional'.

Pero el gobernante Frente de Todos (FdT), que representa al Ejecutivo de Fernández, confía en obtener los votos necesarios para su discusión en la Cámara Baja.

Desde horas tempranas de hoy comenzarán a sesionar las comisiones con la asistencia de varios ministros del Gabinete.

El FdT ha resaltado la apremiante necesidad de avanzar con el proyecto ante la crisis económica y social.

El conjunto de propuestas de la ley de Solidaridad Social está encaminado a darle prioridad a los sectores de mayor vulnerabilidad al mismo tiempo que restablece los parámetros macroeconómicos, según dijo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, tras señalar que lo que buscan es una Argentina que frene la caída mientras se protege a 'aquellas personas que no les podemos pedir más esfuerzo'.

En el caso de las jubilaciones, el titular precisó que se tomarán 180 días para reemplazar un sistema pensado para una economía que iba a despegar y sostener niveles altos de crecimientos por otra que tiene que ser razonable.

Otro de los apartados prevé un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas.

En lo referido al dólar y los impuestos explicó que se aplicará un arancel de 30 por ciento a la compra de divisas. El 70% de ese impuesto será destinado a financiar la seguridad social y el otro 30, para la vivienda solidaria.