Denuncian 300 casos de «falsos positivos» en Caribe colombiano

De acuerdo a un nuevo informe de organizaciones defensoras de DD.HH. sobre falsos positivos entre 2003 y 2008 fueron ejecutados al menos 300 personas entre ellas varios indígenas de los pueblos wiwa, wayú y kankuamo en el norte de Colombia.

 
El documento fue presentado este fin de semana a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Durante más de un año, estas organizaciones documentaron la existencia de más de 300 víctimas de falsos positivos atribuidas a unidades militares de la II y X Brigada del Ejército Nacional, a la Fuerza de Reacción Divisionaria -FURED- y a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de Magdalena, Cesar y Guajira, todas ellas pertenecientes a la I División.

En el texto se indica que de las víctimas también formaron parte "campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad". Asimismo, había "habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción, por lo que se advierte un ejercicio de exterminio selectivo".

Según las organizaciones el informe  “Y volveremos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia” intenta contribuir con la JEP en el reconocimiento de que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no eran delincuentes y que sus muertes no fueron legítimas.

En el texto se explica que un informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation documentó los casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre 2000 y 2010 durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Los datos muestran que durante el gobierno uribista, al menos dos personas por día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública.

El pasado 18 de mayo un trabajo presentado por el diario estadounidense The New York Times, reveló  la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que podía poner en riesgo la vida de civiles al constituirse en "otra encarnación" de los "falsos positivos".

Tras la denuncia del medio estadounidense, el Gobierno del presidente Iván Duque desacredito la información y señaló que tal orden no ha existido. Sin embargo a raíz de la publicación se ha presentado una "cacería de brujas" en el Ejército colombiano para hallar a los militares que entregaron la información.

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la JEP.