Potencia económica o 'paso de cangrejo', la disyuntiva de Bolivia

En declaraciones a Prensa Latina, el titular aseguró que con Evo Morales como mandatario hasta 2025 el Estado Plurinacional tiene el destino de convertirse en una de las mayores potencias de América Latina.

La nación suramericana concurrirá a las urnas este 20 de octubre para elegir a 352 autoridades nacionales, presidente, vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados y nueve representantes ante organismos supraestatales, cada uno con sus respectivos suplentes.

En disputa están los votos de siete millones 315 mil 364 personas, de las cuales seis millones 974 mil 363 están habilitadas para ejercer el sufragio en el territorio nacional y 341 mil uno en el extranjero.

De un lado, el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) propone un programa denominado Agenda del Bicentenario (se conmemorará en 2025), con 13 pilares, que definió en un debate nacional con todos los sectores de la sociedad.

Esas metas son la eliminación de la pobreza, socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien; salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral, soberanía científica y tecnológica con identidad propia.

Otros objetivos son la soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero; soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.

La agenda también incluye la 'soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra', soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien.

Así mismo, el programa del MAS-IPSP se refiere a la soberanía ambiental con desarrollo integral y respeto a los derechos de la Madre Tierra en la legislación, tratados y acuerdos internacionales, además de la integración complementaria de los pueblos con soberanía.

En la creación de las bases para alcanzar estos objetivos, en 13 años de gobierno, el MAS-IPSP sólo a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple ejecutó entre 2007 y 2018 más de ocho mil 797 obras en las áreas de educación, deportes, vial, productiva, saneamiento básico y riego, así como en infraestructuras sociales y de salud.

A la par de estos resultados, Bolivia estableció acuerdos con Perú, Paraguay, Argentina y Brasil para exportar hidrocarburos y electricidad hacia zonas fronterizas de esas naciones.

Tales resultados y un crecimiento económico que situó al país como el primero de Suramérica de manera consecutiva en los últimos cinco años, demuestran que Bolivia llega a sus elecciones generales en una situación diferente a su vecina Argentina, agobiada por la inestabilidad económica, política y social, víctima de las política neoliberales.

EL BANDO CONTRARIO

Según las encuestas más recientes, tres son las agrupaciones opositoras con posibilidades de mantener su personería jurídica en estas elecciones, con una votación superior al tres por ciento exigido.

Ellas son Comunidad Ciudadana, representada por Carlos Mesa; Bolivia Dice No, encabezada por Oscar Ortiz, y el Partido Demócrata Cristiano, cuyo candidato es el médico cirujano de profesión y pastor evangelista de origen coreano, Chi Hyun Chung.

Con diversos matices, estos tres candidatos a la presidencia se muestran como nuevos rostros, pero en realidad constituyen expresiones del neoliberalismo que hoy fracasa en países como Ecuador, Chile, o Brasil.

Todos ellos prometen prosperidad a través de la facilitación de los esfuerzos individuales y una apertura a las inversiones internas y de las trasnacionales (privatizaciones), una reducción al mínimo de la presencia del Estado y libre comercio.

Desde el punto de vista político, sugieren incorporarse al denominado Grupo de Lima, afín a las políticas intervencionistas de Estados Unidos en Latinoamérica.

En el plano social, ocultan el propósito de privatizar la salud y la educación con la expresión de que deben ser 'un servicio' que se debe cobrar para elevar su calidad, contrario al concepto defendido por Evo Morales y el MAS-IPSP, que insisten en considerar estas prestaciones como un derecho de todos los ciudadanos.