¿Quién es el culpable de la situación energética de Cuba?

Desde que el pasado miércoles 11 de septiembre el mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez compareció junto al Consejo de Ministros en el espacio televisivo Mesa Redonda para exponer a la nación la actual circunstancia energética, no hay lugar de la Isla —físico ni virtual— exento del debate, el análisis y la reflexión populares. Sin embargo, aunque parecen ser las menos, algunas personas achacan la responsabilidad de lo que Cuba vive hoy a la gestión de su gobierno.

Precisamente ha sido esa una de las ideas esclarecidas por Díaz-Canel en su primera comparecencia pública y desde entonces: la situación energética actual es resultado del recrudecimiento del bloqueo, y no de la gestión del gobierno cubano.

Y no se trata de una excusa política del gobernante ni de una justificación para evadir hipotéticas ineficacias del gobierno que encabeza. La propia actividad de la administración estadounidense evidencia la realidad.

Ya desde abril de 1960, Lester Mallory, un alto funcionario del Departamento de Estado, recomendaba “debilitar la vida económica de Cuba […] para disminuir los salarios nominales y reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”. En lo que va de 2019, la administración de Donald Trump se ha esforzado al máximo en seguir la receta.

Recordemos que en el mes de abril el Departamento del Tesoro retiró el permiso concedido por Obama a las Ligas Mayores (MLB) para establecer contratos con miembros de la Federación Cubana de Béisbol.

También en ese mes se anunció la aplicación total de la llamada ley Helms-Burton, cuyo título tercero había sido puesto en moratoria desde la aprobación de dicha normativa en 1996. En lo adelante, Estados Unidos acrecentaría su acoso a socios comerciales de Cuba para estrechar su cerco económico sobre la Isla.

Así mismo, Washington ha maximizado el chantaje, las amenazas y la aplicación de multas a barcos y compañías que trasladan a puertos cubanos combustibles, alimentos o materias primas. 

Si alguien tiene dudas de que es propósito de la política exterior estadounidense conducir a los cubanos a un escenario de adversidades en el que se ponga en tela de juicio la gestión administrativa estatal para deslegitimarla, solo hay que seguir las declaraciones de Trump y sus allegados políticos para esclarecerse. Por ejemplo, en mayo el residente de la Casa Blanca admitió que podría abrirse y terminaría cerrándose si Cuba no reconsideraba su posición respecto a Venezuela. “Vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes a Cuba”, dijo en una entrevista telefónica.

En efecto, el 19 de junio la Cámara de Representantes aprobó un paquete de gastos de 982,8 mil millones de dólares, de los cuales más de 32 para “la promoción de la democracia” en Cuba.

El 26 de julio el gobierno norteamericano puso en vigor la quinta versión de su Lista de Entidades Cubanas Restringidas, creada en 2017. Fueron sumados dos destinos turísticos y las editoriales Verde Olivo y Capitán San Luis a la prohibición unilateral de establecer relaciones financieras con estadounidenses.

Más recientemente, a inicios de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó las nuevas restricciones sobre el envío de remesas, con el claro objetivo de limitar la entrada de divisas a Cuba.

En este escenario, el gobierno cubano logró contener la situación en gran medida. Durante varios meses han existido similares obstaculizaciones a las que ahora se exponen, pero estas habían sido más o menos sorteadas y hasta la actualidad la población no había sufrido intensamente los efectos.

Ningún estado importador de petróleo se enfrenta a tantos avatares para hacer llegar el combustible a su territorio. Entonces ¿esta situación es culpa del gobierno cubano? No, definitivamente no. Se trata de un bloqueo genocida que pretende paralizar todo un país.