COSI de Venezuela rechaza nueva investigación de ONU

En la cuenta oficial de esa organización en la red social Twitter se señala este jueves que durante la 42 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los representantes de movimientos de solidaridad y el Consejo Mundial de la Paz establecieron un diálogo interactivo sobre el tema.

'Si las autoridades nacionales y el sistema de justicia, desde la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tuvieron la voluntad de atender cada uno de los casos con respuestas concretas, esta investigación lejos de ayudar va a obstaculizar el trabajo', aseveró Aguirre.

Del mismo modo, explicó que la creación de esa comisión, luego de la cercana visita de la Alta Comisionada, estaría dejando un claro mensaje de desconfianza sobre el trabajo que desarrolla esta oficina, puesto que 'no han dado los resultados requeridos', según fuentes de la cancillería.

'Nosotros pensamos que es una cuestión de confianza y de entender las dinámicas que existen en cada país, las condiciones políticas objetivas y subjetivas', dijo el representante del COSI.

De acuerdo con lo publicado en la red social, en el diálogo interactivo, la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, afirmó que 'no podemos convertir las ONG en organizaciones partidistas, más bien en organizaciones que acompañen a la población, que acompañen a las víctimas'.

Por su parte, Natali Benelli, integrante del Consejo Mundial por la Paz, señaló que con la llegada del comandante Hugo Chávez y la creación de una nueva Constitución en Venezuela se sentaron 'las bases para tener una vida digna para toda mujer, niño, adolescente y hombre, derecho que se le negó a millones de venezolanos hasta finales de los 90'.

Esas declaraciones se suceden luego de que varios países propusieran una nueva investigación sobre Venezuela, para hacerle el juego a Estados Unidos en sus intentos de condenar a esta nación suramericana por supuestas violaciones a los derechos humanos, mientras impone medidas coercitivas que le impiden, entre otras cosas, adquirir medicinas y alimentos.