La socialdemocracia sueca, debilitada por las guerras de pandillas

Eddi Paver pudo haber pagado con su vida su pertenencia a una "familia", cuyos miembros guardan entre sí vínculos sagrados que los obligan a una lealtad absoluta.

"La idea es reforzar la comunidad y mostrar quién es el más fuerte, el más valiente", explica a la AFP Paver, de 47 años y origen croata, que abandonó esos círculos, que le costaron un paso por prisión.

En 2018, se produjeron en Suecia más de 300 tiroteos, que causaron 45 muertos y 135 heridos, mientras que la tasa global de homicidios voluntarios es una de las más bajas del mundo (1 por cada 100.000), según cifras de la policía.

Las balaceras mortales van en aumento y el año pasado alcanzaron un nivel récord. Y 2019 podría ser un nuevo año negro, pues Estocolmo registró tantos muertos en los seis primeros meses del año como en todo 2018.

La mayoría de los autores de los disparos, y de las víctimas, son jóvenes de menos de 30 años, sin empleo, que muchas veces ni siquiera terminaron los estudios de secundaria y que viven en barrios desfavorecidos.

"Si tienes la impresión de estar fuera de todo, tienes problemas con la lengua [sueca], ves a esos tipos que te venden droga, que llevan cadenas de oro, que conducen autos ostentosos, que tienen chicas, no es difícil encontrar tu lugar", cuenta Eddy Paver.

Guetos urbanos

Como en otras metrópolis europeas, Suecia y sus enclaves, en los extremos de las líneas de metro, y en los suburbios.

Pero la violencia también gana terreno en otros "barrios" cercanos al centro. En general, los edificios son salubres, las escuelas están correctamente dotas y las calles, limpias y llenas de flores.

Pero las dificultades sociales, el paro, la fuerte densidad de la población de origen extranjero alimentan la marginación, el abandono escolar, la economía paralela.

"Parte de los ajustes de cuentas están relacionados con el tráfico de drogas, con los conflictos internos y con las deudas de dinero. Pero a menudo es una cuestión de honor, de novias, por ejemplo. El nivel de ofensa que justifica las represalias es bastante bajo", señala Gunnar Appelgren, comisario de policía de Estocolmo.

"Las bandas no recurren a las instituciones para solucionar los conflictos [...]. El móvil objetivo de un ajuste de cuentas no es esencial. Se trata de salvar las apariencias", explica Torbjörn Forkby, profesor de Ciencias Sociales.

La capital y la región de Malmö (sur) son las más afectadas, aunque también hay violencia en las ciudades medianas.

El arma favorita de las pandillas es el Kaláshnikov, que importan desde los balcanes por sumas irrisorias y que se revenden por entre 2.500 y 3.500 euros. O incluso "más en caso de conflicto abierto", subraya Gunnar Appelgren.

Además, los ajustes de cuentas también se saldan a veces con granadas o explosivos.

El 7 de junio, una explosión destruyó las fachadas de dos edificios residenciales de Linköping, a dos horas de Estocolmo por carretera. Afortunadamente, no hubo heridos graves.

Respuesta penal y social

Algunos experimentos permitieron, de forma local, rebajar tensiones. Malmö adoptó el programa "Group Violence Intervention" (GVI), probado en Boston y Nueva Orleáns, aunque todavía se desconocen sus resultados.

La oposición de derecha y ultraderecha critica la "laxitud" del primer ministro Stefan Löfven (socialdemócrata), en el cargo desde 2014, y reclaman que se elimine la "rebaja" de la pena de la que se benefician los menores de 21 años condenados en este tipo de casos.

"La violencia está corroyendo nuestra sociedad y la Suecia que deberíamos tener", lanzó el diputado conservador Johan Forssell en un debate sobre las bandas, en el Parlamento.

Por su parte, el Gobierno afirma que quiere que todos los actores de la sociedad civil y de las fuerzas de seguridad aúnen esfuerzos contra esta lacra.

"Solo podemos erradicar los ajustes de cuentas y las bandas criminales atacando la raíz, siempre y cuando se conjugue la acción de la policía con los esfuerzos de los servicios sociales y de las escuelas", defiende Stefan Löfven.

Eddy Paver, que ahora trabaja en un centro de desintoxicación, también considera insuficiente la respuesta penal.

"No podemos resolver el problema a golpe de penas de prisión. Las penas por posesión ilegal de armas han aumentado y esto no ayuda en nada. Hay que empezar antes [...] con la escuela".