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El 24 de febrero, los electores deberán mediante voto directo y secreto fijar postura sobre la carta magna aprobada el 22 de diciembre de forma unánime en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En un proceso calificado aquí de inédito en Cuba y el mundo, el texto fue enriquecido con la opinión popular, tras una consulta celebrada entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre con la participación de casi nueve millones de personas, en más de 133 mil reuniones en barrios y centros de trabajo y estudio.
De acuerdo con el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, de esos encuentros y de las opiniones emitidas por los cubanos residentes en el exterior salieron unas 780 mil propuestas, convertidas después de su procesamiento en nueve mil 600 propuestas tipo, la mitad de ellas incorporadas de una u otra forma a la Constitución.
La iniciativa ratifica el carácter socialista de la isla, el papel rector del Partido Comunista en su sociedad y recoge cambios en la estructura del Estado, la ampliación de los derechos y garantías individuales, el fortalecimiento del poder popular en la base y el reconocimiento a varias formas de propiedad, entre ellas la privada.
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