Morir, más que vivir en México

Dicen medios supuestamente objetivos de comunicación que la base del estallido de la violencia que hoy invade todo México radicó en Colombia, cuando los carteles de la droga se vieron obligados a abandonar el país por «miedo» a un plan diseñado por Estados Unidos para presuntamente combatir el flagelo.

Pero no hubo tal cosa, y hoy en Colombia los cultivos ilícitos se multiplican y el narcotráfico es protegido por los dueños de latifundios con elementos paramilitares y corruptos personeros gubernamentales, así como la presencia de militares norteamericanos en siete bases para coadyuvar al derrocamiento de gobiernos que no son del agrado de Washington, que sí tiene participación en el auge de la violencia mexicana.

Desde hace mucho, armas de todo tipo llegaban a México desde Estados Unidos para armar a los carteles, por lo que el muro que se está construyendo en la frontera no tiene nada que ver con la lucha contra la delincuencia, sino tiene el real fin de impedir la entrada de inmigrantes a territorio norteamericano, con secuelas tan crueles como que unos 12 000 niños, y no 2 000 como se ha dicho, están separados de sus padres, muchos de ellos sin localización alguna.

Las noticias que llegan desde el hermano país son lamentables, y se destacan por la ruptura de récords de asesinatos, como que en el 2017 hubo más que en el 2011, y este año está en camino de una marca mayor.

La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra declarada contra el narcotráfico cuando era presidente Felipe Calderón, recordó The New York Times, al apuntar como los carteles exhibían públicamente cadáveres desmembrados, al tiempo que se producían miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada.

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias, denominadas «grupos de autodefensa», para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge, pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad, como la de linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ello, no hay que dudarlo, representa la pérdida de poder del Estado.

Toda esta situación, además de la corrupción imperante, hizo que el pueblo eligiera a un presidente al que le habían arrebatado dos veces la oportunidad de serlo: Andrés Manuel López Obrador, quien en este aspecto tan importante ha destacado que para recobrar la paz no basta con vigilar y castigar a los criminales, es necesario combatir las causas de la inseguridad.

Para él, quien tomará posesión el primero de diciembre, la seguridad o estado de confianza y bienestar no se logra solamente metiendo a las cárceles a quienes incumplen las leyes; es necesario un sistema integral para la prevención del delito, que contemple sueldos dignos para que las personas puedan satisfacer holgadamente todas sus necesidades y no se dediquen a las conductas antisociales. Cuando este sistema no existe o no funciona adecuadamente, la consecuencia es la inseguridad generalizada. De todo ello, de su proyecto y posterior ejecución, habrá mucho que decir y escribir.