Paraguay: Y la OEA se demora

Tras el neogolpe de Estado recién perpetrado en Paraguay, convocado de un día para otro mediante juicio político de destitución anunciada, la OEA (Organización de Estados Americanos) fue la última de las instituciones implicadas en tomar cartas en el asunto. José Miguel Insulza, su Secretario General, viajó a la República Oriental del Paraguay con el objetivo declarado de investigar los hechos. Recibió de inmediato la solicitud de varios países miembros de separar al Paraguay golpista de la organización, como de inmediato lo hiciera el MERCOSUR, y, en su encuentro con el presidente depuesto, Fernando Lugo, y con las organizaciones sociales que apoyan su justa restitución en la presidencia del país, se le llamó a considerar como sanción de requisito mínimo su expulsión de la OEA. Insulza, desde luego, no dio respuestas concretas, sino medianamente insulsas, y postergó las decisiones para supeditarlas al resultado de su informe.

En principio, y según su propio anuncio, la OEA debía reunirse el lunes 9 de julio, pero el encuentro fue reprogramado para el martes 10, aún a la espera del informe del Secretario General. Esta organización, que fuera calificada como Ministerio de Colonias Yanqui, ha recibido en los últimos tiempos importantes presiones para responder a la integración latinoamericana y no a la habitual perpetuación de sus condiciones de dependencia económica y política. La restitución del derecho de Cuba a formar parte de ella si así lo decide soberanamente, fue sumamente importante, no solo porque cuestiona abiertamente la anquilosada política de hostigamiento estadounidense, sino porque pone de manifiesto el nudo gordiano que la rige, toda vez que las condiciones del Bloqueo económico, comercial y financiero que desde 1962 se imponen sobre los habitantes de la Isla, se recrudecen al mismo tiempo que el reconocimiento es aceptado.

Hay, sin embargo, una experiencia reciente que sugiere el por qué de la prudencia y demora de la OEA para lanzarse con un pronunciamiento sobre la situación de Paraguay: el golpe hondureño de 2009.

Si en ese momento la OEA “se precipitó” en reconocer al golpe como golpe, respondiendo de inmediato al reclamo de Asamblea conjunta de varios de sus países miembros, en esta ocasión el Secretario General se limitó a llamar la atención sobre la necesidad de no violar los derechos constitucionales en nombre de la Carta Magna, y a postergar el cónclave con el pretexto de cumplir a plenitud con la investigación. Una corrida a nado con la ropa debidamente guardada, como se puede apreciar sin demasiadas reticencias.

Hugo Chávez y Evo Morales, fueron sucesivamente forzados a convocar a referendos revocatorios con la esperanza de que progresaran los disturbios planificados para los comicios y se generara en sus países situaciones que pudieran justificar, siquiera tan superficialmente como la del Paraguay, la intervención directa en el Poder político. El hostigamiento mediático y político que han recibido ambos presidentes, y además Correa, en Ecuador, y Ortega, en Nicaragua, cuando han llamado a la consulta popular universal y democrática para asumir cambios en los mecanismos de sometimiento que son parte de la democracia liberal burguesa, ha contado incluso con sucesivas declaraciones de los presidentes de Estados Unidos.

El presidente hondureño depuesto, Manuel Zelaya, apenas añadiría en ese 2009 una urna con la pregunta no vinculante acerca de si había consenso popular para convocar a una consulta sobre cambiar la Constitución de su país. Un retruécano que evidencia aún más el temor a poner los mecanismos democráticos en poder de la masa, por limitadas que sean sus posibilidades. Si algo ha permitido a gobiernos de nuevo cuño latinoamericano avanzar en sus reformas y revoluciones, es el gesto político de poner a la masa a decidir, y no dejar las decisiones a la voluntad de un grupo político que secuestra los ámbitos y direcciones de la opinión pública en ejercicio autoritario y exclusivo de su representatividad legal. Ni el clientelismo monopolista, ni el clientelismo político, están dispuestos a ceder sus privilegios y cumplir con la letra del sentido ético de la Democracia.

Son estos grupos el principal sostén político, y en ocasiones también económico, de los gobiernos latinoamericanos que han permitido a la OEA manipular la soberanía de las naciones que la integran, acentuando o restando importancia a determinados hechos, según corresponda a sus propios intereses. La concentración de la propiedad paraguaya hace extrema esta característica. Una condena de la OEA al gobierno neogolpista de Franco, el paraguayo, la llevaría a un nuevo proceso de legitimación, como en Honduras, que convoque a elecciones por medio de las cuales se sustituya a la persona en tanto se mantiene el régimen.
Se consigue, pero cuesta, es engorroso, llama negativamente la atención y hasta conduce a pactos no escritos que continúan el evidente debilitamiento de la impunidad hegemónica con que la organización ha trabajado desde su fundación.

¿No debería la OEA llamar al Congreso paraguayo a convocar a una consulta popular universal y directa sobre la legitimidad y justicia de su decisión?

Los presidentes de los gobiernos progresistas y revolucionarios latinoamericanos no han tenido temor a enfrentar el voto popular, ni a someterse a una perspectiva de decisión democrática de facto que ponga en juego su cargo y que, luego de los sucesivos resultados, ha hecho indiscutiblemente legítimos sus mandos y, más importante aún, sus gestiones de cambio. ¿Ni siquiera eso —y no ya la merecida expulsión— puede esperarse del reclamo de la secretaría de la OEA, que se demora en casos como este, en tanto en otros se desplaza rauda?