De la vida cotidiana: En busca del consenso necesario

 
La Reforma Constitucional que por estos días se lleva a consulta popular ha sacado a flote un sinnúmero de criterios sobre la vida en el país; desde la propuesta de la nueva estructura del Estado, el reconocimiento de varias formas de propiedad, la edad término para ejercer la presidencia, el controvertido artículo 68 sobre el matrimonio igualitario, hasta los derechos y deberes de los ciudadanos, y la protección de los animales.

Poco queda por colocar de novedoso en el tapete público, pues hasta un asunto tan sui géneris como la eutanasia ha sido solicitado incorporar a la Carta Magna que, sobre todas las cosas, pretende armonizar la realidad de la nación con sus normas jurídicas. 

Mucho se ha hablado de la necesidad de contar con una nueva Ley de Leyes —pues al margen de las dos reformas anteriores en los años 1992 y 2002— el contexto actual reclama, con absoluta justicia, una nueva Ley fundamental de la República.

Ahora bien, este documento no puede recoger de manera exhaustiva todo lo que se quisiera. Tal y como aseguró una jurista, profesora universitaria (quien prefirió no ser identificada), una vez sometido el texto a referendo y proclamado después como Carta Magna, habrá que hacer con urgencia —o actualizar— un programa legislativo para su sustento, es decir nuevas leyes Electoral, de Procedimiento Penal, de los Símbolos Patrios, y el Código de Familia, por tan solo mencionar algunos ejemplos.

Una rápida mirada a lo publicado en los medios de comunicación permite comprobar que entre los títulos y artículos más comentados por los trabajadores, estudiantes y la población en sentido general  —al margen del 68— están el de ciudadanía, lo relacionado con la obligación de los hijos de atender a los padres, la concentración de la propiedad (la gente pide adicionar riqueza) y en cuanto a los órganos locales del Poder Popular ha suscitado gran interés el término de “Gobernador Provincial” y de los “Intendentes Municipales”.

Reuniones mejores o peores, exitosas, con criterios más o menos inteligentes y acertados, lo cierto es que la reforma constitucional —que inició el 13 de agosto, fecha memorable para los patriotas cubanos, y que deberá concluir el 15 de noviembre venidero—, está arrojando un rico proceso de participación popular y de construcción colectiva de las bases jurídicas necesarias para continuar edificando la nación.

El hecho de que ninguna voz sea acallada, que cada planteamiento, por insignificante que parezca, se escuche y se recoja, de que cada quien, lo mismo en un centro de trabajo, estudiantil o en la comunidad, pueda dar sus criterios de forma sincera y abierta, resulta favorable en la construcción del consenso necesario.

Ahora estamos en un primer paso, luego se elaborará un informe a partir de las propuestas realizadas, el cual le será entregado a la Comisión encargada de la Reforma Constitucional, que tendrá el encargo de reelaborar el documento. Despues dicho texto regresará a la Asamblea Nacional, en este espacio se discutirá y someterá a aprobación para, finalmente, llevarlo a un referendo el año próximo.

Al final el debate popular será el que dirá la última palabra, como subrayó recientemente el Presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez, en la entrevista concedida a la periodista Patricia Villegas de Telesur.

Ciertamente, en Cuba prima la voz del pueblo, y esa es una verdad innegable.