Corrupción en Brasil: Temer, ¿sin temor?

Otra vez el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, está en el pico del aura, al ser presentadas nuevas pruebas sobre su vinculación con probados hechos corruptos, pero que hasta ahora no van más allá de las comidillas en noticieros y diarios, debido a la impunidad que gozan tanto él como los testaferros que le son más afines, así quienes los manejan dentro y fuera del país.

La Policía Federal de Brasil (PFB) anunció que tiene en su poder pruebas que incriminan a Temer con una red de corrupción en la empresa de arquitectura e ingeniería Argeplan, informe que fue enviado al Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF).

“Los elementos recopilados indican que Argeplan y su estructura financiera y funcional fue colocada varias veces al servicio de demandas de la vida pública y privada del excelentísimo presidente Michel Temer”, informó, Cleyber Malta Lopes, comisario de la PFB.

La empresa Argeplan pertenece a Joao Batista Lima, ex coronel de la PFB y amigo personal de Temer. Las denuncias están relacionadas con estrategias fraudulentas vinculadas con el decreto de Los Puertos, firmado por el mandatario de facto en mayo de 2017.

El decreto fue introducido por Temer con el propósito de concretar beneficios al sector portuario del país carioca.

En este sentido, varias personas cercanas de la gestión de la presente administración brasileña, fueron detenidas y privadas de libertad, mientras se investigan los delitos administrativos y financieros de la zona portuaria.

No se puede esperar otra cosa en una nación en la que más de 1 800 políticos accedieron a sumas de dinero “generosamente donadas” por la empresa Odebrecht, cuya cabeza principal -a cambio de impunidad- se esmeró en acusar a Luiz Inácio Lula da Silva para sacarlo de la carrera presidencial, en la que es todavía ampliamente favorito, a pesar de estar cumpliendo una injusta condena de más de12 años de prisión.

Todavía recuerdo indignado los alegres cintillos del periódico derechista español El País, celebrando lo que consideraba la valentía del juez Sergio Moro, al prestarse a fabricar hasta 44 acusaciones contra Lula, ninguna de las cuales fueron debidamente probadas, pero en realidad no importó, debido a la venalidad judicial existente.

Jueces y diputados corruptos ya habían conspirado para derrocar a Dilma Rousseff y colocar en su lugar al vicepresidente Temer, quien tuvo que sacrificar a gente afín, como el jefe de los diputados Cunha, a quien sobornó para comprar su silencio.

En el caso que nos ocupa, la procuradora del STF, Raquel Dodge, otorgó un plazo de 60 días al cuerpo de investigaciones de la Policía Federal para que formalice las pruebas que podrían incriminar a estos funcionarios y al primer mandatario de Brasil, en casos de corrupción.

Michel Temer posee un prontuario de denuncias ligadas al lavado de dinero y corrupción pasiva, acusaciones que han sido detenidas y paralizadas por la intervención de la Cámara de Diputados brasileña.

La mayoría de los casos de corrupción en Brasil han surgido de una investigación que, en sus inicios, parecía ser rutinaria; sobre lavado de dinero en una gasolinera en Brasilia. Los cargos, en tanto, han socavado la cultura de impunidad en el país. Decenas de empresarios y varios políticos de alto rango han sido enjuiciados.

Sin embargo, con la Operación Lava Jato en su cuarto año, muchos políticos todavía se sienten por encima de la ley, de acuerdo con Deltan Dallagnol, uno de los procuradores encargado de los casos.

“Es una regla que estas personas todavía no creen que serán castigadas en Brasil”, dijo Dallagnol. “La evidencia de esto es que, en 2017, tres años después de que empezó Lava Jato, la gente que está en el poder disfruta de impunidad y no temer protegida de ir a prisión, por lo que sigue cometiendo delitos”. Michel Temer encabeza a esos ladrones con cuello blanco.