Consejo de Estado dictamina sobre ley para investir a Puigdemont

El Consejo de Estado de España se pronunciará hoy sobre la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat (autogobierno catalán), pensada para facilitar una investidura a distancia del destituido mandatario de Cataluña Carles Puigdemont.

El supremo órgano consultivo del ejecutivo español dictaminará sobre la polémica modificación de la citada normativa, avalada el pasado viernes por la mayoría independentista del parlamento catalán.

Tras la aprobación de la reforma, la administración central de Mariano Rajoy acordó solicitar, con carácter urgente, el informe reglamentario al Consejo de Estado, paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Los diputados de la coalición conservadora Junts per Catalunya (JxCat), del cesado gobernante, decidieron el sábado insistir en su postulación a la Generalitat antes del 14 de mayo, en virtud de la modificación refrendada por la cámara regional.

El acuerdo fue alcanzado en una reunión que JxCat celebró con Puigdemont en Alemania, donde el líder separatista aguarda su posible extradición a España, que lo acusa de rebelión y malversación por promover la fallida secesión de la comunidad autónoma nororiental.

La propuesta se fundamenta en la controvertida reforma de la Ley de Presidencia impulsada por JxCat, que permitiría una casi quimérica investidura telemática de Puigdemont.

Además del rechazo de La Moncloa (sede del ejecutivo español), el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat, advirtió días atrás que el cambio promovido por el secesionismo es ilegal, aunque sus dictámenes no son vinculantes.

En ese contexto, la votación del viernes en la asamblea legislativa regional fue interpretada como una última tentativa del independentismo de demostrar que su pretendiente es Puigdemont y la justicia y el gobierno de España impiden su nombramiento.

Tras ese gesto, consideran analistas, los partidos soberanistas avanzarían en el camino para designar a un candidato efectivo (sin causas judiciales abiertas) antes del 22 de mayo, fecha límite para formar gobierno y evitar una repetición electoral.