Bárbaros de la Florida: Sentados sobre la Constitución

Con absoluta frivolidad, el gobernador de la Florida, Rick Scott, firmó este lunes una legislación que se estrella de frente con estipulaciones de la Constitución de Estados Unidos.

Se trata de la titulada Ley 959, presentada en su Parlamento por congresistas republicanos del condado de Miami-Dade y respaldada allí casi unánimemente.

Lo acordado pretende instaurar la prohibición de que sus gobiernos locales hagan transacciones con empresas que tengan negocios con Cuba o Siria.

Su excusa radica en la necesidad de impedir que dinero de los contribuyentes floridanos beneficie a firmas ligadas a lo que ellos denominan “regímenes opresivos”.

El gobernador Scott declaró la semana pasada a la ultraderechista Radio Mambí que los regímenes de Castro y Assad son “sin lugar a dudas represivos”.

Sin embargo, ya hubo una significativa oposición al avance de la referida ley, expresada por la Cámara de Comercio de la Florida y por sus dos principales asociados externos, Canadá y Brasil.

Tanto unos como otros habían advertido públicamente que, de firmarse la citada legislación, ello podría ahuyentar a los inversionistas extranjeros  de ese Estado sureño.

Un periodista de El Nuevo Herald, Alejandro Armengol, opinó el pasado 26 de marzo que el proyecto de ley “es inconstitucional”, y en caso de ser aprobado finalizará en los tribunales.

Agregó que “quienes nos representan en la Florida” se meten en lo que no les corresponde, en lugar de mejorar la educación, el sistema de salud, el empleo y luchar contra la corrupción, “índices  en los que la Florida obtiene calificaciones bien bajas”.

Por último, Armengol escribió: “No es casual que este proyecto de ley aparezca en un año electoral”, evidencia del renovado interés en Miami, extendido a toda la Florida, de mantener hacia Cuba una política mucho más rígida que la acordada en Washington”.

La titulada Ley 959, como reiteran observadores, está llamada a tropezar con grandes obstáculos, porque se va más allá de las facultades que posee el estado de la Florida.

Pero han demostrado vocación de tropezar varias veces con la misma piedra.

Por ejemplo, en el año 2 000 un juez federal les revocó una ley que intentó negar financiación a organizaciones no lucrativas que tuvieran lazos con La Habana.

Siete años después la misma extrema derecha trató de impedir un acuerdo con la empresa francesa Bouygues Travaux Publics, porque construyó estaciones de recreo en Cuba,  pero abogados de Miami-Dade les frustraron la maquinación.

Por esos y otros casos, todo apunta a vaticinar que la ley firmada el lunes por el gobernador Rick Scott nació moribunda.

Debe buscar otros pretextos que le ayuden a enfriar el malestar suscitado entre votantes cubanoamericanos luego que se vio precisado a retirar 500 000 dólares asignados para un nuevo museo en honor a los derrotados en Playa Girón.

Al inventario de alevosías que acumulan los ultraderechistas de origen cubano en Miami ahora se agrega otra, sentarse despreciativamente sobre la Constitución de los Estados Unidos.