Gobierno colombiano y FARC-EP más cerca de acuerdo final de paz

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Gobierno colombiano y FARC-EP más cerca de acuerdo final de paz
Fecha de publicación: 
23 Septiembre 2015
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Ante la presencia del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor de las FARC-EP, a quienes Raúl felicitó por los importantes acuerdos anunciados, resaltó el respeto, la absoluta imparcialidad, el apoyo firme y solidario, y la discreción que continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba a este proceso.
  

Las conversaciones marchan por buen camino, estos acuerdos representan un significativo paso de avance, resaltó Raúl.
  

Aseguró que Cuba no descansará hasta que se logre el ansiado objetivo de la paz para la “querida Colombia”, compromiso que asumieron los jefes de Estado y de Gobierno en la II Cumbre de la CELAC, cuando firmaron la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
  

Por su parte, Santos aseguró que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final para terminar una guerra que dura casi seis décadas y “lograr una paz estable y duradera”.
  

Anunció que la Jurisdicción Especial de Justicia va a garantizar que los crímenes de la guerra no queden impunes, para lo cual se creará una sala y tribunal que impondrá sanciones por los delitos cometidos.
  

“Este es un logro mayor”, apuntó el mandatario colombiano.
  

Dijo que no será tarea fácil y retomó las palabras del Papa Francisco en La Habana, donde hizo votos por la definitiva reconciliación del pueblo colombiano y advirtió no se puede permitir otro fracaso en este camino.
  

“No vamos a fracasar, ha llegado la hora de la paz”, subrayó Santos.
  

Timoleón Jiménez mostró gran satisfacción por el cierre exitoso de un entendimiento sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, que generará un ambiente propicio para avanzar en las restantes temáticas.
  

Señaló que las partes deberán multiplicar esfuerzos para la construcción de un consenso que contribuya al cese al fuego bilateral y aproxime a transformar a las FARC-EP en un movimiento político legal.
  

En este sentido, Santos reconoció y valoró el paso que dio el movimiento guerrillero, “somos adversarios, estamos en orillas diferentes pero hoy avanzamos en una misma dirección, la de la paz”.
  

El comunicado conjunto fue firmado por los jefes de delegaciones a la mesa de diálogos, Humberto de la Calle, por el gobierno de Colombia, e Iván Márquez por las FARC-EP, y los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, y los acompañantes Chile y Venezuela, cuyo desempeño en este proceso fue reconocido, tanto por el presidente Santos, como por el Comandante Jiménez.   

Acuerdan gobierno colombiano y FARC-EP Jurisdicción Especial para la Paz

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron en esta capital –en una sesión especial de la mesa de diálogos de paz– un comunicado conjunto que establece una Jurisdicción Especial para la Paz que permitirá impartir justicia una vez terminado el conflicto en el país sudamericano.

Los garantes de la paz dieron a conocer los puntos que recoge el documento:
   

1.- El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo  Campo  Colombiano: Reforma  Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
   

2.- A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de  las  víctimas  y  contribuya  a  la  construcción  de  una  paz  estable  y  duradera.  Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se  creará  una  Comisión  para  el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
   

3.- En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la  Paz,  que  contará  con  Salas  de  Justicia  y  con  un  Tribunal  para  la  Paz.  Las  Salas  y  el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una  participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad,  contribuir a la reparación de  las  víctimas  y  juzgar  e  imponer  sanciones  a  los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
   

4.- El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.   Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.
   

5.- En todo caso no serán objeto de  amnistía o indulto las  conductas  tipificadas  en  la  legislación  nacional  que  se correspondan  con  los  delitos  de  lesa  humanidad,  el  genocidio  y  los  graves  crímenes  de guerra, entre  otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad,  la  tortura,  el  desplazamiento  forzado,  la  desaparición  forzada,  las  ejecuciones extrajudiciales   y  la   violencia   sexual.   Estos   delitos   serán   objeto   de   investigación   y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
   

6.- La Jurisdicción Especial para  la  Paz  tendrá  competencia  respecto  de  todos  los  que  de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
 

7.- La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos  tipos  de  procedimientos:  uno  para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
   

8.- Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán  como  finalidad  esencial  satisfacer  los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los  delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones  para  quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y  un máximo  de  8  de  restricción  efectiva  de  la  libertad,  en  condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión  de  5  a  8  años,  en  condiciones  ordinarias.  Para  tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con  su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas  que  se  nieguen  a  reconocer  su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
 

9.- Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
   

10.- En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeto a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
   

11.- La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

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