Corte Suprema de EE.UU. aborda resurgimiento del pasado racista

La Corte Suprema de Estados Unidos examinaba el miércoles la Ley de Derechos Electorales, una norma federal piedra angular de los esfuerzos contra el resurgimiento de la discriminación racial en los Estados de pasado segregacionista.

Tachada como anticuada por sus críticos, la ley, de más de 50 años, prohíbe toda discriminación racial en las urnas y es considerada actualmente relevante por el gobierno de Obama, además de ser apoyada por varias organizaciones de defensa de los derechos civiles.

En el tapete está el artículo 5 de la ley de 1965, que requiere que nueve estados, principalmente del sur, y los gobiernos locales de otros siete estados obtengan la aprobación del Departamento de Justicia antes de hacer cualquier cambio en sus códigos electorales.

"No deberíamos tratar a estos estados de forma diferente", declaró a la audiencia el juez ultraconservador Antonin Scalia, que la interpreta como una "perpetuación de la etiqueta racista" atribuida al sur del país.

La ley prohíbe toda forma de discriminación racial en las urnas y es rechazada por algunos estados, que la consideran anacrónica, pero varias organizaciones de derechos civiles argumentan que sigue siendo necesaria.

"Aunque ha habido mejoras, esta elección pasada ha demostrado que la ley no es obsoleta y por desgracia sigue siendo muy necesaria", dijo Caroline Fredrickson, directora de la Sociedad Estadounidense de la Constitución (ACS, por su sigla en inglés).

El sureño estado de Texas, por su parte, ha enfrentado repetidas impugnaciones del Departamento de Justicia a su ley electoral sobre redistribución de distritos, así como a una ley estatal que requiere que los votantes presenten identificación con foto.

En ambos casos, un tribunal federal de apelaciones en Washington dictaminó que las disposiciones eran "discriminatorias". Ahora, Texas espera discutir su posición ante la Corte Suprema, la mayor instancia judicial del país.

Varios estados se oponen al artículo 5 de la ley federal electoral, pero la Corte Suprema está considerando una sola demanda presentada por el condado de Shelby, cerca de Birmingham, Alabama (sur).

Según los críticos, la reelección de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, es evidencia de que la ley es innecesaria.

"La violencia, la intimidación y el subterfugio que llevó al Congreso a aprobar el artículo 5 y a esta corte para defenderlo ya no se justifica", señaló en su escrito el condado de Shelby, donde el 83% de sus 200.000 habitantes son de color blanco.

Sostiene que el artículo 5 debe ser simplemente desechado, quejándose de que el gobierno de Obama lo esté haciendo cumplir con mayor celo que en el pasado.

Sin pronunciarse sobre la eficacia de esta medida en el pasado el presidente de la Corte, el conservador John Roberts, se preguntó si "un tratamiento diferencial continuaba siendo justificado" porque esto significaría que "los ciudadanos del sur son más racistas que los del norte".

"El plan Marshall era algo bueno también, pero las cosas han cambiado" apunta su vecino conservador Anthony Kennedy, en perfecta oposición con la minoría progresista de la Corte.

Por su parte el juez de esta minoría, Stephen Breyer, comparó las discriminaciones raciales con "una enfermedad en remisión pero que todavía está ahí". "Si tenemos un remedio, guárdemoslo", dijo. "¿Por qué tirar una fórmula que funciona?", se preguntó también la jueza progresista Sonia Sotomayor, de origen hispano, estimando que solo "ciertas posiciones del sur han cambiado".

Más de 20 organizaciones de derechos religiosos, cívicos y humanos se han unido para pedir a la máxima corte que confirme la constitucionalidad del artículo 5 como "el corazón de la Ley de Derechos Electorales", como señaló la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por su sigla en inglés), la más prominente organización negra por los derechos civiles.

La ley "ha jugado un papel clave en la protección de nuestra democracia y garantiza la vitalidad del derecho de las minorías a votar y participar plenamente en el proceso político", dijo la presidente de la NAACP, Sherrilyn Ifill.

Los defensores de la ley basaban sus argumentos en 15a Enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación racial en las urnas.

La Corte Suprema, de nueve miembros y mayoría conservadora, mantuvo la ley sin cambios la última vez que la revisó en 2009, pero instó al Congreso a reformarla con el argumento de que "las cosas han cambiado en el Sur".

También expresó su preocupación de que la norma coloque los derechos de los estados a merced del gobierno federal, a pesar de la protección que ofrece la 10a Enmienda a la Constitución.

El gobierno federal, por su parte, pidió a los jueces tener en cuenta que en 2006 el Congreso extendió la ley por otros 30 años.

Esta vez, sin embargo, el tribunal superior podría no atender esos llamamientos porque el Congreso no hizo caso a su advertencia.