Condenados 19 ex altos cargos socialistas en España por macrocaso de corrupción

Los condenados más relevantes son Manuel Chaves, que fue presidente de la Comunidad de Andalucía entre 1990 y 2009 y después ministro en el Gobierno de Zapatero; y José Antonio Griñán, sucesor al frente del Gobierno andaluz entre 2009 y 2013 y ministro en el Ejecutivo de Felipe González. El primero ha sido inhabilitado durante 9 años para ejercer cargo público por prevaricación y el segundo ha sido condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación continuada.

Además, la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez ha sido sentenciada a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada. El resto de los condenados son consejeros y exaltos cargos de la administración andaluza que durante décadas estuvo bajo el mandato socialista.

El tribunal ha considerado probado que las 19 personas encontradas culpables eran responsables del sistema de ayudas públicas que el Gobierno andaluz instauró a partir del año 2000. Se trataba de una estructura considerada opaca que sirvió para beneficiar a empresas afines al Partido Socialista. Mediante este sistema se gestionaron durante una década 680 millones de euros que debían servir para ayudar a las empresas en crisis a reestructurar sus plantillas.

La sentencia aún no es firme, puesto que las defensas de los condenados ya han anunciado que recurrirán a instancias superiores, en este caso al Tribunal Superior, que será quien tenga la última palabra.

Un proceso judicial de más de una década

La investigación sobre este caso se inició en 2009 y ha seguido una larga instrucción de ocho años, hasta que en 2018 se llevó a cabo la fase oral y quedó listo para sentencia en diciembre. Durante este tiempo se ha procesado a 22 miembros de la antigua dirección socialista de Andalucía: dos expresidentes, 6 exconsejeros y 13 exaltos cargos.

a sentencia conocida hoy corresponde a la pieza política de una macrocausa que tiene un total de 146 piezas separadas bajo investigación. Se analizaba si el sistema de pago de los ERE, que la Junta cambió en 2001 de subvenciones excepcionales a transferencias de financiación, era legal o ilegal y si los políticos y técnicos al mando habían incurrido en responsabilidad penal.

El talón de Aquiles del Partido Socialista

El 'caso de los EREs', relacionado con otros desarrollados también en territorio andaluz, es considerado el caso de corrupción más grave que afecta al Partido Socialista en todo el territorio nacional. Es así tanto por el montante monetario involucrado, como por el número de personas investigadas y que se han llegado a sentar en el banquillo, así como por la categoría política de quienes estaban siendo enjuiciados: exministros, expresidentes regionales y exconsejeros.

Estos casos de corrupción se han relacionado con la extensión del mandato socialista en Andalucía, que ha abarcado desde el comienzo de la transición a la democracia hasta diciembre de 2018, cuando entraron por primera vez en el Gobierno de la región fuerzas conservadoras, con un Ejecutivo del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), apoyado por la fuerza de extrema derecha Vox.

Precisamente estos tres partidos han utilizado este proceso judicial como arma electoral contra los socialistas, especialmente el PP, que lo ha usado para contrarrestar la notoriedad de sus propios casos de corrupción: la Gürtel, la Púnica o el caso Bárcenas, entre los más destacados.

En cualquier caso, esta causa tiene una diferencia sustancial con otras relacionadas con la corrupción que se están instruyendo en otras latitudes nacionales: no hubo enriquecimiento ilícito de ninguno de los encausados y tampoco se desvió dinero al partido para financiarlo ilegalmente.