Colapso sanitario en Gaza pone en riesgo a 55 mil mujeres embarazadas

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) emitió una alerta sobre el colapso sistemático de la atención obstétrica y neonatal en la Franja de Gaza. Tras dos años del genocidio perpetrado por Israel en el enclave, el sistema sanitario se encuentra actualmente “destrozado”, lo que ha anulado casi por completo la capacidad de respuesta de los hospitales para atender a la población civil.

Esta situación deja a unas 55.000 mujeres embarazadas en una condición de vulnerabilidad extrema, enfrentándose a un entorno donde los recursos médicos son prácticamente inexistentes. Bajo estas condiciones, la supervivencia al parto se ha convertido en una incertidumbre, transformando un proceso que debería ser seguro en un riesgo mortal tanto para las madres como para sus hijos.

La infraestructura de salud en el enclave funciona a una capacidad mínima. Según el organismo internacional, la escasez de medicamentos y el desplazamiento forzado del personal médico han dejado a las unidades neonatales operando muy por encima de su límite, con un déficit de incubadoras y especialistas. 

Las condiciones de vida en el enclave agravan el cuadro clínico de la población siendo la malnutrición y la anemia los problemas más críticos. Los equipos médicos en la zona reportan un aumento en los índices de desnutrición tanto en madres como en bebés, lo que se traduce en una frecuencia cada vez mayor de recién nacidos con bajo peso y complicaciones de salud desde el primer día de vida.

A la crisis alimentaria se suma la vulnerabilidad ante la exposición climática que sufren las familias desplazadas. El caso de Rana, quien sobrevive en una tienda de campaña improvisada, ilustra la realidad de miles de personas expuestas a las inundaciones y al invierno.

La falta de refugio adecuado ha elevado el riesgo de padecer hipotermia, hepatitis y crisis respiratorias, enfermedades que se propagan con rapidez en condiciones de hacinamiento y humedad. 

Por otra parte, la inseguridad en los traslados constituye una barrera mortal para quienes necesitan atención urgente. El trayecto hacia los pocos hospitales que aún permanecen operativos se ha convertido en un riesgo de muerte debido a la persistencia de los ataques israelíes.

En este sentido, la situación obliga a muchas mujeres a enfrentar complicaciones médicas sin asistencia profesional, ante el temor de no sobrevivir al viaje por las rutas asediadas.

Hostilidades en medio de una tregua frágil

La crisis sanitaria se ve agudizada por la reciente reanudación de bombardeos y demoliciones por parte de las fuerzas israelíes, acciones que representan una violación del alto el fuego establecido el pasado 10 de octubre.

Desde la entrada en vigor de dicha tregua, se han contabilizado más de 870 violaciones, que ya ha provocado el asesinato de unos 400 palestinos y ha dejado a más de mil personas heridas, profundizando el estado de emergencia en toda la región.

Los ataques más recientes han golpeado sectores clave y zonas densamente pobladas, incluyendo bombardeos aéreos y la demolición sistemática de edificios residenciales en la ciudad de Gaza. Simultáneamente, las ciudades de Rafah y Jan Yunis han sido alcanzadas por proyectiles de helicópteros de guerra y buques de la Armada, extendiendo la destrucción hacia el sur del enclave.

A la violencia directa se suma también un colapso logístico, especialmente en Rafah, donde la alcaldía advirtió sobre la suspensión de servicios básicos esenciales debido a la falta de combustible provocada por el bloqueo.

La incapacidad de operar vehículos para la recolección de basura y la succión de aguas pluviales amenaza con desatar una crisis sanitaria adicional, dejando a las zonas de desplazamiento en una situación de extrema precariedad.

Ante este escenario, el alcalde de Rafah, Ahmed Al-Soufi, ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que intervenga de manera urgente. Su petición se centra en forzar la reapertura de las fronteras y permitir el ingreso de diésel, el cual resulta vital para mantener operativos los servicios de emergencia y evitar que una catástrofe mayor termine por consumir a la población desplazada.