martes, 12 noviembre 2019, 20:35
Sábado, 19 Octubre 2019 09:29

Denuncias de persecución política opacan retorno a la paz en Ecuador

Escrito por  Sinay Céspedes Moreno/PL
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Denuncias de persecución política contra opositores al gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, opacan hoy el retorno de la paz al país.

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Denuncias de persecución política contra opositores al gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, opacan hoy el retorno de la paz al país, que se recupera tras 11 jornadas de protesta contra medidas económicas neoliberales.

La detención de Paola Pabón, prefecta de la provincia Pichincha, donde se ubica esta capital, los allanamientos a casas de exfuncionarios del expresidente Rafael Correa, y las investigaciones abiertas en su contra, dominaron el panorama nacional esta semana, en medio de un diálogo entre el ejecutivo y el movimiento indígena, hacia un decreto sobre subsidios a los combustibles.

Pabón fue arrestada bajo el supuesto delito de rebelión, luego de múltiples acusaciones, por parte de miembros del gabinete, que la responsabilizan de incitar a la desestabilización del gobierno, durante las movilizaciones contra el Decreto 883 que liberó los precios de los combustibles y una propuesta de reformas laborales y tributarias, consideradas como un 'paquetazo' con impacto solo en las personas de menos ingreso.

'Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma', aseguró la funcionaria en Twitter tras el arresto.

Junto a ella fueron aprehendidos Christian González y Pablo del Hierro, al tiempo que fue allanada la casa de Virgilio hernández, secretario ejecutivo del Movimiento Compromiso Social Revolución Ciudadana, cuya ubicación se desconoce.

Al mismo tiempo, para precautelar su vida y la de sus familiares, los asambleístas de la misma bancada política: Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, solicitaron protección en la embajada de México en Ecuador.

"Continúa la brutal represión contra dirigentes de la Revolución Ciudadana!", alertó el exmandatario Rafael Correa en reacción a la detención de la prefecta de Pichincha, calificada de arbitraria e ilegal por muchos.

En las redes sociales, fueron numerosas las voces en demanda de liberación de los detenidos y cese a la persecución política.

Desde el interior del país, organizaciones sociales, intelectuales y pueblo en general se han unido en un reclamo a la administración nacional, que según estiman, solo intenta deslegitimar a la Revolución Ciudadana y sus dirigentes.

En el exterior también se han pronunciado líderes como el candidato a presidente de Argentina Alberto Fernández y su compañera de fórmula, la exmandataria y aspirante a la vicepresidencia Cristina Fernández.

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, instituciones de derechos humanos y grupos por la paz, se sumaron a los pedidos.

El gobierno insiste en señalarlos como responsables de una intentona golpista en el marco de las protestas y de esa manera, según algunos analistas y personas que encabezaron las marchas, además de arremeter contra los afines a Correa, intentan restar credibilidad al poder de convocatoria y aglutinamiento de un pueblo alrededor de una lucha común.

En medio de ese panorama, está pendiente la visita al país, de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para analizar los abusos cometidos en el marco de las recientes protestas.

"Nos preocupa los reportes de arrestos en Ecuador, incluidos actores políticos y funcionarios electos en relación con las recientes protestas", advirtió la vocera de la instancia, Ravina Shamdasani, tras anunciar que la Oficina recibió denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del estado durante los paros.

La funcionaria agregó que también conocieron informes de delitos cometidos por terceros, ante lo cual llamaron a las autoridades a realizar investigaciones rápidas, efectivas y transparentes sobre violaciones y abusos de los derechos humanos, cometidos en el contexto de las protestas.

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