Alerta Rafael Correa sobre persecución política en Ecuador

'Yofre Poma, asambleísta; Alexandra Arce, exalcaldesa; Paola Pabón, prefecta Pichincha; detenidos. Gabriela Rivadeneira, asambleísta, asilada. Sus casas allanadas. Todos de la Revolución Ciudadana. Ya aparecerán cuadernos y testigos falsos... ¡Y el que debería estar preso es (Lenín) Moreno!', señaló Correa a través de su cuenta en la red social Twitter.

Denunció también la reciente detención de Virgilio Hernández, secretario ejecutivo de la organización política formada por exmiembros del oficialista Movimiento Alianza PAIS, desafiliados tras desacuerdos con medidas tomadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, consideradas perjudiciales para el pueblo, así como por su acercamiento a la derecha.

En el caso de los arrestos de Hernández y Pabón, ambos ocurrieron horas después que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Coanie), dio por terminado un paro nacional de 11 días, contra la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel, entre otras reformas propuestas por el ejecutivo, consideradas como paquetazo por varios sectores del país.

El fin de las movilizaciones fue parte de una resolución tomada por el movimiento indígena, durante el inicio de una mesa de diálogos con el gobierno en la que se acordó derogar el Decreto 883, inscrito en el plan de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar al Estado un crédito de cuatro mil 200 millones de dólares.

La conmoción social ocasionada por el alza en los precios de los combustibles, que afectó principalmente los bolsillos de las familias de menos recursos, provocó manifestaciones masivas de indígenas, trabajadores, amas de casa, campesinos y estudiantes universitarios, entre otros sectores, en numerosas ciudades del país, repelidas con fuerte represión por las fuerzas del orden.

En esa coyuntura, el gobierno nacional responsabilizó a Correa y los miembros de la Revolución Ciudadana, de liderar acciones, en el marco de los levantamientos ciudadanos, encaminadas a desestabilizar el gobierno e impulsar un golpe de Estado, lo cual fue rechazado por el movimiento político.

A juicio del exmandatario, las acusaciones son parte de una estrategia del ejecutivo a fin de arremeter contra los llamados 'correístas' y adelantó que inventarán falsos positivos para mitigar la derrota ante la unidad y protesta ciudadana.