Perú: Crisis institucional, pugna Ejecutivo-Legislativo

Todo esto mientras el Legislativo asegura haberlo depuesto a él, un dilema sobre qué poder actuó primero.

Vizcarra decidió en la noche del lunes la disolución constitucional del Congreso de la República y convocó a nuevas elecciones legislativas.

"Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política de Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional", dijo en un mensaje a la nación.

La Constitución peruana señala que el presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. La primera moción de confianza le fue negada al gabinete encabezado por Fernando Zavala cuando Pedro Pablo Kuczynski era mandatario.

"Que sea finalmente el pueblo que defina a quién le da la razón, si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría", añadió Vizcarra, según el cual la decisión es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución Política.

Según el mandatario, con este cierre del Congreso "busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años", lo cual permitirá finalmente que la ciudadanía "se exprese y defina en las urnas el futuro de nuestro país".

La última vez que un mandatario cerró el Congreso en Perú fue en 1992, cuando Alberto Fujimori, alegó obstrucción en temas de seguridad y economía. Sus detractores afirmaban que en realidad era para tapar investigaciones de corrupción.

En julio pasado Vizcarra había planteado una reforma constitucional para adelantar un año las elecciones generales en Perú, es decir para que tanto el cargo de presidente como el de los congresistas fueran renovados en 2020, y no en 2021, cómo está previsto en el cronograma electoral del país. Sin embargo el Parlamento archivó el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo. Vizcarra asumió hace un año y medio la presidencia tras una crisis institucional generada "por una serie de sucesos", que culminaron con una presentación de vacancia y renuncia del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, tras ser acusado de tener nexos con la constructora brasileña Odebrecht. Pero, el Congreso peruano, disuelto por Vizcarra, replicó suspendiendo al mandatario por un año por motivos de "incapacidad", y nombró como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

El jefe parlamentario Pedro Olaechea afirmó que se aprobó la moción de los legisladores opositores fujimoristas de declarar "la incapacidad moral del presidente de la República y su suspensión temporal". El parlamento también fijó el 4 de octubre como fecha para que Vizcarra brinde su descargo.

Olaechea afirmó que la disolución del Congreso decidida por Vizcarra fue una medida "ilegal", puesto que fue realizada después de que el presidente fuera suspendido por el Legislativo.

"Nosotros lo hemos suspendido antes de que haya podido disolver el Congreso de manera extraña, ilegal. (...) Primero fue la suspensión del presidente por un año. El tenía que disolver (de modo) exprés", protestó en declaraciones a la radio colombiana Blu.

El ahora ex legislador explicó que la suspensión de Vizcarra obedece a que, según la percepción de la oposición, el jefe de estado se ha tomado atribuciones constitucionales "que solo le competen al Congreso", en referencia a la polémica elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), lo que desató la crisis.

En tanto, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la policía de Perú reafirmaron su lealtad al presidente Vizcarra, luego de que casi dos tercios de los legisladores del Congreso -dominado por la oposición- suspendieron temporalmente al mandatario.

Y no sólo eso. Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución del parlamento se sucedieron la noche del lunes en Lima y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras.

En contraste, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de las tensiones, el país sigue en calma.

El presidente, que ha lanzado una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer la labor del Gobierno con frecuentes interpelaciones a ministros gracias al voto mayoritario del partido de derecha liderado por Keiko Fujimori, quien está detenida mientras la investigan por supuesto lavado de dinero.