Abusos en Perú: Lo insoportable de la discriminación

Incomprensible la condena de seis años de prisión al gobernador de Puno, Walter Aduviri, simpatizante del mandatario boliviano, Evo Morales, por un supuesto delito de asedio ocurrido ocho años atrás, con toda la judicatura aprobando el castigo al dirigente, pese a manifestaciones nutridas contra la sentencia.

Lo que no perdonan los responsables del saqueo de Perú es que la protesta a la que se hace referencia hizo posible la cancelación de un proyecto minero, que despojaría de sus tierras a la población autóctona, además de envenenar sus aguas.

La protesta obligó al gobierno de entonces a anular el proyecto de la transnacional Bear Creek de Canadá, cuya legalidad era además cuestionada por estar ubicado a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, lo que la ley impide.

La maledicencia de la parte oficial es que recurrió a modificar el código penal para criminalizar las protestas sociales, lo cual permitió condenar a Aduviri, sin permitirle la defensa.

Esto ha permitido conocer aberraciones tales como una norma que tipifica como extorsión y hasta secuestro los bloqueos de carreteras con fines reivindicativos, bajo la premisa de que se tratan de medidas de presión que buscan beneficios para sus autores.

A ello se agrega el agravante de que, al actuar los manifestantes en forma colectiva, incurren en el agravante de comportarse como “organización criminal”, y son juzgados como una banda de delincuentes.

Además, los dirigentes sociales son considerados cabecillas solo por su liderazgo, aunque no participen directamente en las acciones de presión, como en el caso de Aduviri, condenado por delito contra la tranquilidad pública en calidad de “autor no ejecutor”.

Aduviri lideró en el 2011 una fuerte protesta contra el proyecto minero Santa Ana, en la que fueron incendiados la gobernación y otros edificios públicos de la ciudad de Puno, capital regional, por lo que fue denunciado penalmente.

Pese a las acusaciones en su contra y a permanecer en la clandestinidad para no ser capturado, Aduviri fue electo gobernador con la votación más alta de los comicios regionales de octubre del 2018.

Por mucho que lo disfrace el gobierno de Lima, es una criminalización del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

Advertencia

El caso Aduviri podría servir como ejemplo para juzgar al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, a quien las autoridades acusan de atizar protestas contra la explotación minera, cuyos trabajadores demandan de mejores condiciones laborales. Pero a Lima sólo le interesó las pérdidas causadas a la trasnacional, ascendente a 1 200 millones de dólares.

Su par en Junín, Vladimir Cerrón, conocido por su afinidad al gobierno venezolano, fue condenado el último 5 de agosto a cuatro años y ocho meses de prisión por presuntamente haber favorecido a una empresa con una obra de saneamiento, pero la propia prensa de derecha admitió que no fueron presentadas pruebas concluyentes y lo más que perjudicó al líder es su posición contra el bloqueo estadounidense a Venezuela.

Para las comunidades afectadas el Estado peruano es el responsable al mantener una condición permisiva, ambigua y sometida en su política y legislación a los grupos económicos que controlan las empresas transnacionales.

Peor aún, el actual gobierno ha iniciado la ofensiva legislativa conocida como "la ley de la Selva", para iniciar un proceso de privatización y división de las tierras de la Amazonía y privar de los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas.

Lizardo Camper, director de la Escuela Senén Si e integrante de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), instancia donde se han reunidos estas representaciones denunciantes, señaló que son las propias organizaciones y comunidades indígenas víctimas de esta situación quienes se encuentran indignadas por esta grave situación.

La territorialidad indígena que defienden no debe ser entendida como un aspecto simbólico, sino como el soporte material y espiritual para la existencia de sus pueblos.

Camper señala que las políticas globales y locales que implementa el Estado peruano configura un etnocidio solapado con graves consecuencias territoriales en términos ambientales, culturales, sociales y económicos.