Nada preocupa al violador: Duque, tranquilo

Mientras sectores sociales agradecían la visita de la comisión verificadora del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la marcha del Acuerdo de Paz firmado en La Habana por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se producían nuevos asesinatos de líderes sindicales y campesinos y de ex miembros de las FARC, cuyos dirigentes volvieron a clamar por el cumplimiento oficial del convenio y las garantías para la reincorporación y seguridad de los excombatientes.

Cierto, el acompañamiento internacional del acuerdo tiene un gran valor, pero si ello sirve para obligar a cumplir a quienes lo violen, algo muy difícil cuando hay un presidente que está más pendiente de los continuados homenajes de las “gusaneras” venezolana y cubana residentes en Miami.

En este sentido, la senadora Victoria Sandino, una representante legislativa del hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a que apele por la implementación integral de los acuerdos de La Habana, mucho más atendiendo la crisis humanitaria que se vive en los territorios de Colombia.

No sé cómo informará la comisión acerca de su visita, pero pienso que recogerá seguramente lo que denominan buena disposición de Duque, sin reflejar realmente lo que está haciendo en el terreno, con el fin de hacer retroceder y destruir un acuerdo que ha tenido, y tiene, un significado histórico, y puede ser un ejemplo para conflictos similares.

Los incumplimientos de la gobernanza colombiana y los asesinatos de centenares de exmiembros de las FARC han estado provocando que algunos de los combatientes, entre ellos algunos de quienes los dirigían, hayan pasado a la clandestinidad, todos amenazados de una muerte que está siendo cumplida metódicamente, con la intervención de las inteligencias norteamericana y colombiano, y otros factores retrógrados.

Duque entregó una carta a la Misión para que continúe respaldando la implementación un año más y agradeció su presencia en el país, por lo que está dado a la tarea de eliminar en estos 12 meses venideros a todo lo que le estorbe.

En esta innoble tarea, el mandatario tiene el apoyo de sus padrinos al servicio del imperialismo, principalmente el ex presidente Álvaro Uribe; latifundistas, elementos importantes de la oligarquía local y, sobretodo, de los jefes del narcotráfico.

Estos fueron los que más respaldaron la llegada de soldados norteamericanos y la implementación de siete bases militares, lo cual, como sucede en Afganistán, protegen las 69 000 hectáreas de los cultivos que hacen posible la producción de cocaína, toda la cual es adquirida en Estados Unidos.

Política entreguista

Duque, todo un cinchete en el complot para derrocar al Gobierno Bolivariano de Venezuela, tiene entre otras muchas misiones facilitar los movimientos de los beneficiarios del modelo económico extractivo y especulativo que le apoyaron en su campaña electoral, por lo cual aumentará el ritmo de entrega las riquezas del país.

El monto exportado por Colombia a EE.UU. desde el 2012 ha sido de 85 278 8 millones de dólares, de estos 62 973 3 millones (el 73,8%) corresponden a productos minero-energéticos y 22 305 5 millones (el 26,2%) a productos no mineros (muchos de ellos agropecuarios con poco valor agregado).

El Tratado de Libre Comercio incluye la demanda por empresas estadounidenses de una mayor seguridad jurídica, el cumplimiento de una ley de patentes que impida cualquier decisión soberana (especialmente en medicamentos) y la generación de mayores desregulaciones laborales.

De esto no se publica mucho, pero esas medidas fueron anunciadas por Duque en su campaña y se suman a la restauración plena de la política punitiva de la “guerra contra las drogas” adelantada EE.UU., que contradice las premisas de los acuerdos de paz, y se constituye en una de las principales amenazas para hacer trizas las aspiraciones al respecto en los territorios, donde las comunidades campesinas han optado por la sustitución de los cultivos de uso ilícito en el marco de los acuerdos de La Habana.

Los efectos de la lucha contra el tráfico de drogas son conocidos, pues desencadenaron la violación sistemática de los derechos humanos y, lejos de acabar con los cultivos, los ampliaron y con ello el precio en las calles de EE.UU. En ese camino, Duque y los funcionarios estadounidenses celebraron la decisión de Santos de convertir a Colombia en socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

La política represiva de Duque y la superapertura a los explotadores de siempre, también ha sido avalada por el empresariado como nunca antes, desde la primera reunión con el presidente, con la presencia de 24 directivos gremiales de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, del gremio que agrupa a las compañías que distribuyen gas y petróleo, el avícola; y el gremio de la salud, entre otros.

La despolitización (como relato) y la selección de perfiles tecnocráticos —especialmente vinculados con empresas privadas, ONG´s y gremiales— son los dos factores definitorios del equipo de jefes de carteras ministeriales, lo que ha sido visto como un guiño al sector empresarial que apoyó en bloque a Duque, un hecho, subrayo, sin precedentes.

Esto es lo que le importa a Duque, mientras mantiene a raya a la oposición y fortalece una política que no cree en comisiones verificadoras del proceso de paz, aunque lo exprese nominalmente por conveniencia, y desestime a los millones de colombianos que sufren hambre y se desplazan continuamente, muchos de ellos amenazados por elementos paramilitares que, en definitiva es o responde al ejército.